La Ley 18.596 concede indemnización moral, económica y sanitaria por parte del Estado
Este lunes en el Palacio Legislativo la Comisión Especial de Reparación del Ministerio de Educación y Cultura, al amparo de la Ley 18.596, tenía previsto entregar 250 documentos a personas o familiares víctimas de terrorismo de Estado en el período junio de 1973 a febrero de 1985. También se realizan reparaciones económicas y de atención en salud para las más de 1.000 personas que efectuaron los trámites correspondientes.
En el acto el Estado reconoció el quebrantamiento del Estado de Derecho que impidiera el ejercicio de derechos fundamentales a las personas, en violación a los Derechos Humanos o a las normas del Derecho Internacional Humanitario, en el período comprendido desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985.
De acuerdo a la Ley 18.596 se consideran víctimas de la actuación ilegítima del Estado en Uruguay todas aquellas personas que hayan sufrido violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica o a su libertad sin intervención del Poder Judicial dentro o fuera del territorio nacional, por motivos políticos, ideológicos o gremiales.
El Estado uruguayo, a través de la Comisión Especial de Reparación expidió un documento que acredita la condición de víctima y la responsabilidad institucional de brindar prestaciones médicas, indemnización económica y reparación moral de acuerdo a lo expresado en el Artículo 9 de la Ley 18.596.
Indemnización moral
El titular de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, quien presidió el primer acto de reparación moral, indicó que se entrega a las personas o familiares un documento que indica que fueron víctimas de terrorismo de Estado. También existen otras instancias como la atención psicofísica y la cobertura total en salud.
“Las reparaciones contribuyen a cerrar heridas y despejar el horizonte de las nuevas generaciones”, aseguró el jerarca.
Por su parte, la encargada de las áreas técnica y administrativa de la Comisión Especial del MEC, Valeria Da Trindade precisó que este lunes tenían previsto entregar 250 documentos y que después de 48 horas los mismos también se pueden retirar en el propio ministerio.
Explicó que la hipótesis de reparación económica se efectúa según los casos y de acuerdo al Artículo 11 de la Ley 18.596. La situación comprende cinco casos puntuales: quienes hayan fallecido o desaparecido a raíz del accionar ilegítimo del accionar del Estado entre 1968 y 1985; las personas que hayan sufrido lesiones gravísimas tipificadas de acuerdo al Derecho nacional vigente; los niños que hayan nacido en cautiverio o que permanecieron en cautiverio con su padre o madre más de 180 días; o niños que hayan estado secuestrados más de 30 días.
Indemnización económica
De 2010 a 2012 la Comisión estudió más de 350 expedientes y en tal sentido se analizaron las indemnizaciones económicas. Da Trindade indicó que -en general- a todos los familiares de víctimas les corresponde 500.000 unidades indexadas. Para los casos de los niños que hayan permanecido en cautiverio más de 180 días con sus padres son 250.000 unidades indexadas; para las víctimas que hayan sufrido lesiones gravísimas se prevé 200.000 unidades indexadas; y los niños secuestrados por más de 30 días con 350.000 unidades indexadas.
Indemnización sanitaria
En cuanto a la atención médica gratuita, la misma será vitalicia en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y se otorga a través de la Administración de los Servicios Sanitarios del Estado (ASSE). El artículo 10 de la Ley indica que estos servicios serán recibidos por personas que estuvieron presas o sufrieron daños por motivos políticos por más de seis meses. En ese caso hay más de 1.000 solicitudes que se están procesando y resolviendo, aclaró Valeria Da Trindade.
Necesidad de reparación integral
María del Carmen Martínez integrante de la organización de Madres y Detenidos Desaparecidos indicó que el acto forma parte de la reparación y el reconocimiento de derechos por parte del Estado.
Martínez dijo que hay pocos desaparecidos en Uruguay a quienes se les ha hecho un homenaje y en este caso el reconocimiento es parte del proceso de cerrar una etapa. Aseguró que la sociedad tiene que ir reclamando y promoviendo la reparación integral. Explicó que son pasos y procesos extendidos en el tiempo, tal como sucede en Alemania, Francia, España o Brasil donde recién se están abriendo los archivos.
También Raúl y Guillermo hermanos de Luis Alberto Luzardo indicaron que el documento entregado de reconocimiento como víctima del Estado es un paso importante hacia la búsqueda de la verdad y la justicia, un camino que según indicaron es largo de transitar.