Ministro Aguerre sostuvo que informes jurídicos avalan constitucionalidad del ICIR
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Tabaré Aguerre señaló que los ciudadanos uruguayos cuentan con las garantías constitucionales y del Derecho para reclamar sobre algo que no les parezca correcto: “Es una decisión de cada ciudadano”, dijo. A su vez, afirmó que los informes jurídicos elaborados por el Gobierno sostienen que el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) es constitucional.
A su vez, aseveró que el anuncio de la aplicación del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) no generó problemas en la producción. “No podemos medir esto en término de seis meses, si miramos los últimos seis o siete años, Uruguay multiplicó por cuatro su nivel de exportaciones agropecuarias: exportábamos 370 millones de dólares de carne y hoy exportamos 1.700 millones de dólares; exportábamos 163 millones de dólares de lácteos y hoy exportamos casi 800 millones de dólares, casi no teníamos soja y hoy exportamos unos 1.000 millones de dólares de soja”, detalló.
Agregó que “es cierto que se incrementaron los precios de los productos, pero también hubo un aumento de la producción; creo que cualquiera que ande por las carreteras del Uruguay y vea los camiones, los silos, las plantas instaladas, no puede dejar de apreciar un agro muy dinámico, más allá de que los números vistos en períodos muy cortos digan lo contrario”.
El ministro Aguerre también recordó que el valor de la tierra multiplicó siete veces su valor en los últimos ocho años y que el sector agropecuario creció un 37% en el mismo período. “No quiero decir que no tengamos problemas, pero creo que estamos en un franco crecimiento”, subrayó, al tiempo que reflexionó que "este crecimiento no se puede mantener durante toda la vida, lo cual obliga al país a estar atento con los temas de sustentabilidad ambiental".
“Crecer sí, pero con sustentabilidad e inclusión social, construyendo las oportunidades que permitan mitigar la pobreza en el ámbito rural, que bajó a menos de la tercera parte de la que teníamos en el año 2004”, finalizó.
El Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales grava a las propiedades inmuebles, valoradas en CONEAT 100, en US$ 8 por hectárea a las extensiones de entre 2.000 y 5.000 hectáreas, en US$ 12 por hectárea a las extensiones de entre 5.000 y 10.000 hectáreas y con US$ 16 a las extensiones superiores a las 10.000 hectáreas.
Los productores agremiados en la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural del Uruguay consideran que el impuesto no respeta la potestad tributaria de las intendencias ni el principio de legalidad e igualdad de la carga tributaria. El Gobierno sostiene desde el año pasado que el monto anual de 60 millones de dólares que pagarán unos 1.500 grandes productores, servirá para mejorar la caminería rural departamental.