Ministro del Interior señaló las diferencias de criterios ante crisis carcelarias pasadas
Durante la interpelación el ministro del Interior Eduardo Bonomi, precisó que durante los motines del 20 de abril de 2012 se gestionó la crisis con los privados de libertad sin muertos o heridos ni traslados compulsivos. Se implementaron políticas de clasificación; se respetaron los Derechos Humanos; y se generaron informes favorables por parte del Comisionado Parlamentario para Asuntos Carcelarios.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, es interpelado desde las 11:00 de la mañana. El motivo del llamado a sala responde a la situación del sistema carcelario, luego de los motines producidos en varios centros de reclusión. Bonomi realizó una reseña histórica en la que explicó que desde 1986 existen motines de gravedad, aunque las medidas adoptadas frente a los hechos no tenían en cuenta los derechos humanos de los reclusos.
El ministro Bonomi ingresó a sala acompañado del subsecretario del Interior, Jorge Vázquez y posteriormente solicitó el ingreso del director general de Secretaría, Charles Carrera; el director nacional de Policía, Julio Guarteche; el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza; el director del Área Interior del Instituto Nacional de Rehabilitación, Alberto Brusa y la asesora penitenciaria, Gabriela Fulco.
Construcción, servicios y hacinamiento
Luego de la exposición del diputado interpelante, el ministro Bonomi explicó que se cae en el absurdo de comparar cárceles con contextos diversos. "Si se entiende esto como un proceso, las nuevas cárceles siempre estarán mejor que las más viejas. No entiendo cómo se puede creer que simultáneamente se pueden arreglar más de 20 cárceles", afirmó.
Bonomi reconoció que la interpelación tuvo como desencadenante el motín ocurrido en abril en el COMCAR. En tal sentido y a partir de una reseña histórica, el jerarca explicó que situaciones similares suceden en nuestro país desde el año 1986, pero las medidas adoptadas al respecto no contemplaban la preservación de los derechos humanos de los reclusos, en alimentos, realojamiento en forma adecuada y atención médica. Asimismo, indicó que la situación de los edificios ya era mala en esa época respecto a problemas de construcción, servicios y hacinamiento.
El secretario de Estado dijo que el traslado de los reclusos era una medida adoptada desde esa época y defendida como necesaria. También recordó que actualmente esa transferencia se realiza de forma clasificada, según la peligrosidad de los reclusos, las características y la disponibilidad de los centros carcelarios alternativos.
El jerarca enumeró el aumento de personas privadas de libertad: en el año 1984 eran 1.890 presos; en 1994 fueron 3.200; en 2004 eran 7.149; y recordó que durante todos estos años no existió –a pesar del aumento del número de reclusos- la construcción de nuevas cárceles. En el año 2005 la cifra sube a 7.214 personas privadas de libertad; en 2010 a 8.775, hasta llegar a 2012 con 9.450. En estos últimos años, destacó Bonomi, la diferencia radica en que fueron construidas alrededor de 3.000 plazas carcelarias.
Posteriormente, Bonomi aclaró que en ningún momento responsabilizó al Comisionado Parlamentario por los sucesos del mes de abril de 2012. Dijo que solo se pidió que lo ubicaran antes de intervenir, y recordó que no tiene que responder ni al Ministerio del Interior ni al Poder Ejecutivo, por lo que no se le puede exigir su presencia o accionar.
El ministro hizo referencia al informe realizado por el Comisionado Parlamentario, el cual señala que el operativo de desalojo de los módulos del COMCAR durante el motín del mes de abril, fue ordenado y de acuerdo a derecho, sin existir incidentes. Destacó que no hubo muertos ni heridos graves, se dio alimento de inmediato y se comenzó a trabajar en el realojo.
Bonomi defendió la necesidad de quitar las cárceles del ámbito de la Policía e incluso del Ministerio del Interior. "A esto se suma la particularidad de contar con una cárcel en cada departamento administrada por cada jefe de policía departamental generando una diferencia de acciones en cada una y falta de protocolos comunes". El ministro dijo que actualmente se sigue un protocolo común, con una política carcelaria dictada por el Instituto Nacional de Rehabilitación.