Miranda apela a medir el impacto de las políticas con perspectiva de DD. HH.
El director nacional de DD. HH., Javier Miranda, se refirió a la Conferencia Regional de Población y Desarrollo de CEPAL de la que Uruguay será sede. Insistió en la necesidad de que las políticas que los gobiernos impulsan sean transversales en derechos humanos, y que en ese idea se trabajará en el encuentro. Miranda ejemplificó con la medición de consecuencias medioambientales y sociales de los grandes proyectos económicos.
En entrevista con la Secretaría de Comunicación, el director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Javier Miranda, informó sobre la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe que se realizará del 12 al 15 de agosto en Uruguay, coorganizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de Uruguay.
Originalmente existía un Comité de Población y Desarrollo de CEPAL que luego se transformó en la hoy denominada Conferencia Regional de Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. La primera reunión será la que se realice en Montevideo.
Miranda explicó que el objetivo es continuar con temas acordados en la Reunión de El Cairo de 1994 sobre Población y Desarrollo, que, consideró, implicó un cambio cualitativo en la concepción de las políticas en estos temas, con la incorporación de algunas variables de derechos, fundamentalmente en razón de género. “Hoy el Sistema de Naciones Unidas se plantea reforzar el compromiso de El Cairo y profundizar las políticas de población y desarrollo en clave de mirada de derechos humanos (DD.HH.)”, afirmó.
“Esto es absolutamente compatible con la visión que sostenemos desde el Gobierno, de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Las políticas de población, las políticas de desarrollo, la combinación de ambas, proponemos, sostenemos y postulamos que deben ser también diseñadas y evaluadas desde la perspectiva de los derechos humanos. Creemos que es un componente esencial porque es lo que da sentido a la acción política del Estado”, agregó.
En cuanto a los participantes, Miranda recordó que asistirán representantes de numerosos países, personalidades vinculadas con el área de la planificación, tal es el caso de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador (SENPLADES).
En el caso de Uruguay las políticas de población y desarrollo funcionan en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), bajo esta dependencia funciona una comisión interministerial denominada Comisión Sectorial de Población, encargada de estudiar y proponer las políticas. Esta tarea se multiplica en muchas áreas, como las que involucran a los Ministerios de Salud Pública y de Desarrollo Social.
Las políticas en práctica
Miranda citó algún ejemplo de cómo los derechos humanos atraviesan las políticas de población y desarrollo en Uruguay. Dijo que se visualizan claramente en las propuestas que elabora la ya citada Comisión Sectorial.
Recordó que, en los proyectos de desarrollo económico de grandes inversiones, hoy se exige —desde del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente— el estudio de impacto ambiental. "Eso tiene que ver con derechos y sobre todo con los derechos de generaciones futuras. Se trata de evaluar en qué medida los proyectos económicos de grandes emprendimientos impactan sobre el medio ambiente y comprometen la posibilidad de un medio ambiente sano para generaciones futuras”, explicó.
Además del estudio sobre el impacto medioambiental de estos proyectos, se les exige una referencia en relación con el impacto social: desplazamiento de población en el territorio, condiciones de habitabilidad que generarán los emprendimientos, entre otras cuestiones. Se les exige evaluar —ex ante el emprendimiento— qué consecuencias ocasionan en materia de derechos de las personas.