“Ninguna persona va a quedar liberada por esta ley”
Las asesoras del Ministerio del Interior Gabriela Fulco y Silvia Izquierdo explicaron los objetivos del proyecto de Ley de Organización del Sistema Penitenciario. Sostienen que este proyecto funda una nueva forma de gestionar el sistema penitenciario basado en un modelo de tratamiento con educación y trabajo. El capítulo sobre hacinamiento está en línea con mecanismos internacionales y deja decisión final a los jueces.
“Esta ley es una norma de aplicación futura”, explicitó la asesora jurídica del ministerio Silvia Izquierdo. La normativa crea un mecanismo de alerta frente a situaciones de hacinamiento carcelario. Las asesoras garantizaron que por esta normativa ningún delincuente va dejar de ser alojado en un centro penitenciario de este país. “Ni el ministerio ni el Poder Ejecutivo tienen facultades para evitar el internamiento de personas privadas de libertad, porque no es su competencia”, explicó.
“La apuesta de esta ley es modificar el modelo penitenciario, nadie puede imaginar que una persona sometida durante cuatro años exclusivamente a la reclusión va a salir rehabilitada y para eso nosotros apuntamos a la educación y el trabajo; ese tiempo es una oportunidad para que el privado de libertad no vuelva a reincidir, porque el que reincide genera, otra vez, el círculo de la inseguridad”, sentenció Izquierdo.
Según el artículo 24 de esta normativa, a estudio en el Parlamento, se establece un mecanismo de alerta para el sistema carcelario. Los centros de rehabilitación penitenciarios de la zona metropolitana confeccionarán una nómina de personas privadas de libertad. Los antecedentes que ese informe constatará incluyen datos personales, su pena, y el histórico de sanciones.
Esta nómina, de acceso público si la ley se aprueba, servirá como fuente para los magistrados, pues obtendrán los datos de las personas que cumplieron dos tercios de su pena, condiciones de salud relevantes, privados de libertad mayores de 70 años, embarazadas con más de 30 semanas de gestación, madres lactantes, estudios realizados en los centros de rehabilitación y decesos.
El material servirá al Poder Judicial para evaluar si en los establecimientos penitenciarios con un hacinamiento crítico (aquellos que superaron su capacidad de alojamiento en un 50%), alguno de los reclusos está en condiciones de continuar su tratamiento penitenciario con otras medidas diferentes a la privación de libertad, a través de mecanismos que ya existen en nuestro ordenamiento jurídico.
“Tanto el Relator contra la Tortura del sistema de Naciones Unidas como el Relator sobre personas privadas de libertad de la Organización de Estados Americanos han coincidido en la conveniencia y oportunidad que tiene el país, al enfrentar una reforma sustantiva penitenciaria, a incluir normas de este carácter en el dispositivo legal de creación del nuevo sistema”, dice el comunicado del ministerio publicado hoy.
Silvia Izquierdo afirmó que esta ley no está redactada para liberar presos: “Nadie va a quedar en libertad por la aplicación de esta norma”, explicó. Para Izquierdo, esta ley recoge el interés del Gobierno por crear un sistema penitenciario donde todas las cárceles seguirán el mismo padrón de tratamiento y rehabilitación.
Al 31 de julio, los privados de libertad totalizan unas 9.252 personas. De ellas, unas 6.090 están procesados y tienen pena firme unas 3.162 personas; los primarios son 3.760 privados de libertad y 5.492 son reincidentes; unos 8.530 son hombres y 722 son mujeres.