Nueva institucionalidad impulsa condiciones de convivencia acorde a normativa de derechos humanos
“Nos plantemos la necesidad de un reenfoque para una refundación institucional, que implica un cambio de cultura” sobre las medidas no privativas de libertad, basadas en normas internacionales como las Reglas Mandela, adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas, afirmó la directora de Inisa, Gabriela Fulco.
La jerarca explicó a la Secretaría de Comunicación Institucional que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, de Naciones Unidas, también conocidas como Reglas Mandela, son el ”marco referencial importante que marca el rumbo de lo que debe ser una gestión en la administración de la privación de libertad de los jóvenes”. El Instituto de Inclusión Social Adolescente (Inisa) trabaja con aproximadamente 500 jóvenes que están privados de libertad y con 200 que tienen medidas no privativas de libertad.
Al momento de asumir, las nuevas autoridades presentaron un proyecto de trabajo que fue aprobado el 31 de diciembre de 2015, previo trámite parlamentario, y de esta forma se creó el Instituto de Inclusión Social Adolescente (Inisa), organismo descentralizado, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. “Fue un paso importante que separó el área de amparo y protección del área de justicia juvenil y menores en conflicto con la ley de 13 a 18 años”.
Como parte de la refundación del Inisa, Fulco mencionó la creación de la Comisión Asesora Intergubernamental, ámbito de articulación convocado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) e integrado también por los ministerios de Educación y Cultura, del Interior, de Trabajo y Seguridad Social, la Administración Nacional de Educación Pública, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, la Secretaría Nacional de Deporte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Oficina de la Coordinadora Residente del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, la Organización de Estados Americanos y la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales.
Por otra parte, el proyecto Justicia e Inclusión, de la Unión Europea, diagnosticó al sistema de rehabilitación uruguayo incluyendo un análisis del nivel formativo de los 1.300 funcionarios, base para los cursos de capacitación permanentes tanto en la parte administrativa como de seguridad.
Las relatorías internacionales en materia de protección de derechos humanos, como el Comité contra la Tortura o el de Derechos del Niño de Naciones Unidas, marcaron las condiciones negativas de privación de libertad, así como la Institución Nacional de Derechos Humanos en 2014.