Regulación y modernización 
Nueva política pública garantiza acceso de toda la población al servicio postal
La Administración Nacional de Correos y el Ministerio de Industria presentaron la nueva política pública para el desarrollo de los servicios postales en Uruguay. El objetivo es la mejora de la infraestructura postal. Para ello, el Gobierno impulsa una Ley Postal que establezca una regulación clara y fomente la innovación. Para el desarrollo de esta política se prevé una inversión de US$ 20 en el quinquenio.
El ministro (i) de Industria, Edgardo Ortuño, señaló que la Administración Nacional de Correos (ANC), perteneciente a la órbita del ministerio desde 2010, atraviesa un proceso de modernización a partir de la creación de una nueva política pública.
El objetivo es mejorar y garantizar a la gente, en todo el país, el acceso a un servicio básico, como es la comunicación postal. Para ello, se anunció la instrumentación del Servicio Postal Universal (SPU).
En segundo lugar, la modernización y regulación del sistema para impulsar la tecnificación y la inversión en un sector que a pesar de las nuevas herramientas tecnológicas de comunicación, sigue cumpliendo un rol vital en la sociedad, como soporte e infraestructura de las actividades económicas y comerciales.
Recordó que actualmente, quienes envían más correspondencia postal son las empresas y organizaciones, mientras que la población en general recibe vía correo desde las facturas hasta estados de cuenta de las tarjetas de crédito.
Además, el fortalecimiento del Correo Nacional a partir de una inversión de 20 millones de dólares en el quinquenio, destinados a planes de tecnificación y desarrollo de su red logística. Diez de ellos serán para el sector de correspondencia y cinco para el de encomienda y paquete.
Todos estos cambios serán contemplados en una nueva reglamentación que se presentará en las próximas semanas en el Parlamento, destacó Ortuño. Esta ley tiene como uno de sus pilares la formalización del sector, donde cada empresa que brinda servicios postales deberá situarse dentro de los marcos legales correspondientes.
El presidente de la ANC, José Luis Juárez, señaló que este es un cambio cualitativo fundamental, a partir que el Poder Ejecutivo colocó a la plataforma postal en la agenda de prioridades del país.
El Correo pasará de ser un organismo con normas dispersas, de no contemplación en las políticas públicas a contar con una regulación que modernice los procesos y ordene la estructura.
La Administración Nacional de Correos tiene actualmente una rede de 956 puntos de acceso a los servicios, compuestos por 293 de operación directa y 663 puntos atendidos por terceros. Cuenta con 1.797 empleados. El 50% de los puntos está concentrado en Montevideo con una cobertura del 95% de la población. Anualmente concentra y mueve un volumen de 32 millones de envíos de distintas piezas postales al año.
Con esta reestructura, el Estado garantizará el servicio de correspondencia de hasta 2 kilos (cartas, impresos y otros objetos) y las encomiendas postales de hasta 20 kilos.
Además, se corregirá la inequidad de precios existentes entre clientes persona y empresa y se fijará los plazos de entrega de tres días para el 85% de los envíos. Este porcentaje se incrementará progresivamente hasta llegar al menos al 92%.
Entre las inversiones a realizar se destacan: dotar a la ANC de un Centro Logístico Postal, remodelar las plantas de procesamiento de correspondencia, uniformizar la Red Nacional Postal en las dimensiones edilicia, tecnológica y de servicios e implementar un Plan Director de Informática, incluyendo infraestructura y aplicaciones.