Oferta estatal orientada a discapacidad destaca a siete entidades con 22 ofertas de atención, inclusión y formación
Ministerios e instituciones estatales educativas y de atención a la infancia y adolescencia cuentan con 22 iniciativas, cuyas acciones se orientan al trabajo con las personas con discapacidad, de acuerdo al Observatorio Social del Mides. Entre otros enfoques, se destacan las ofertas destinadas a prestación económica de subsistencia o complemento, rehabilitación funcional e inclusión, así como a formación y educación terciaria.
La publicación periódica número 5 del Texto del Observatorio Social de Programas e Indicadores del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) sobre caracterización de las juventudes con limitaciones en Uruguay a partir del Censo 2011 indica que siete instituciones del Estado concentran la mayor cantidad de programas para brindar prestaciones a personas con discapacidad, según el relevamiento del Repertorio de Políticas Sociales.
Al sistematizar información de 330 programas, implementados por 23 organismos públicos, se identificaron 22 iniciativas cuyas acciones se orientan al trabajo con personas con discapacidad.
En ese sentido, el Banco de Previsión Social (BPS) gestiona un conjunto de programas, la mayoría de los cuales están orientados a ofrecer una prestación económica de subsistencia o como complemento a beneficiarios de otras prestaciones del organismo.
Por su parte, el Mides ofrece servicios orientados a favorecer la rehabilitación funcional y la inclusión social de personas en situación de discapacidad y con bajos recursos, así como algunos servicios específicos para personas ciegas, con baja visión o sordas.
En el plano formativo, la Universidad de la República y la Administración Nacional de Educación Pública implementan iniciativas orientadas a adaptar su oferta educativa para poblaciones en situación de discapacidad, mientras que el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional contempla a las personas con discapacidad como un grupo con requerimientos específicos en el marco de su programa de capacitación a poblaciones vulnerables al desempleo.
Según datos del Observatorio Social del Mides, en Uruguay hay 49.338 jóvenes con algún tipo de discapacidad, que equivalen a 6,5 % de la población de 14 a 29 años. De este universo, 11 % tiene limitaciones severas y está activo en el mercado laboral, y cuatro de cada cinco no asiste al sistema educativo.
En tal sentido, el director del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Federico Barreto, invitó a seguir avanzando con la sociedad civil organizada como aliado principal y agregó que los estudios ayudan a pensar políticas de juventud que consideran perspectivas y situaciones de diversidad que se adapten a cada caso.
Barreto citó, a modo de ejemplo en la materia, la implementación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que trabaja con jóvenes en situación de dependencia, el programa Yo Estudio y Trabajo, que apoya la primera experiencia laboral de los jóvenes en el sector público, y el proyecto de ley de empleo para personas con discapacidad.
Adelantó, además, que en 2018 se realizará una nueva edición de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud (ENAJ), mediante la cual se podrá profundizar más en estos temas, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el nuevo paradigma de discapacidad.