Operativo de DGI en zonas turísticas del país involucra la actuación de 150 inspectores
El director General de la DGI, Pablo Ferreri, informó que la fiscalización estival se desarrolla con total normalidad y pretende finalizar con 3300 actuaciones. Las inspecciones, que comenzaron en diciembre en los comercios “golondrina”, abarcan todo tipo de negocios, alquileres y grandes espectáculos que despliegan importantes montos de dinero. Por otro lado, resaltó una mejora de la cultura tributaria del país.
Ferreri declaró a la Secretaría de Comunicación que los dos objetivos de la Dirección General Impositiva (DGI) consisten en asegurar la recaudación necesaria para financiar la vida en sociedad y generar condiciones de competencia leal e igualdad ante la ley: "que no hayan ventajas competitivas sustentadas en la evasión de impuestos", sostuvo.
Entre todos los controles, la Dirección pretende alcanzar 3300 inspecciones en la temporada que comenzó en los últimos días de diciembre y finaliza en febrero.
La operativa comenzó con actuaciones previas en las que visitó principalmente a los llamados comercios “golondrina”. En función de los niveles de actividad que éstos estimaron alcanzar con su desempeño, les exigió el pago de garantías anticipadas y una vez que finalice la temporada definirá una reliquidación para ajustar saldos.
Ferreri agregó que en los primeros días de enero, las inspecciones se dirigen a los comercios de venta al público en general; se fiscalizan los alquileres por el pago del IRPF correspondiente y también eventos o espectáculos que movilizan grandes cantidades de dinero. También destacó que la operativa se realiza conjuntamente con el Banco de Previsión Social (BPS) y el Ministerio de Trabajo, con los que se elabora planes de fiscalización coordinados.
Con respecto a las sanciones que se aplican, dijo que pueden ser económicas con reliquidación de tributos más multas y recargos y la multa por defraudación —en caso de que existiere—, así como también existen sanciones sociales como la clausura del establecimiento.
En estos casos, una vez detectada la irregularidad, se solicita la clausura a la Justicia por entender que el comerciante está defraudando a la sociedad en su conjunto. Las sanciones efectuadas a fines de diciembre correspondieron a fiscalizaciones efectuadas en el verano de 2011, cuando se detectó falta de pago de impuestos e incumplimiento de obligaciones formales como emisión de facturas o boletas.
“La justicia dictamina la clausura en un proceso que da garantías a los contribuyentes”, añadió. Asimismo, sostuvo que esta medida no se realiza en invierno, sino que se espera a la temporada siguiente para concretarla.
Cultura tributaria
El director reflexionó que desde una mirada retrospectiva en los últimos años se observa una mejora en el nivel de cultura tributaria en el país, lo cual se refuerza con una actuación eficaz y eficiente de la DGI, que detecta el fraude y sanciona a los evasores.
Por otra parte, Ferreri prefirió no adelantar cifras de recaudación ni porcentajes similares porque sostuvo que aún son muy primarios. No obstante, informó que una vez finalizado el operativo estival se realizarán todas las reliquidaciones pertinentes y en las primeras semanas de marzo se podrá contar con números fidedignos.