OSE celebró 10 años de la declaración del acceso al agua como derecho humano fundamental
El 31 de octubre de 2004 el 64 % de los ciudadanos uruguayos se pronunciaron a favor de la reforma constitucional que otorgó al Estado la responsabilidad exclusiva de la gestión del agua y del saneamiento. Una década después de esa instancia clave, OSE convocó a un acto para festejar el hecho de que Uruguay se haya transformado en el primer país del globo en declarar como derecho humano fundamental el acceso a estos servicios.
A partir del plebiscito celebrado en 2004, se incorporó a la Constitución de la República el artículo 47, en el cual se estabece que el agua es un recurso natural esencial para la vida, que su acceso así como al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales y que es competencia del Estado garantizar a la población dichos servicios.
Esta reforma, a la que el 64 % de los ciudadanos suscribió, posicionó a Uruguay como el primer país en el mundo en declarar como derecho humano fundamental el acceso al agua y al saneamiento.
El ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame, señaló que con esa iniciativa plebisictaria Uruguay “marcó la agenda a nivel internacional en el sentido de que luego de que el país lo incorporó en la Constitución y la Organización de las Naciones Unidas lo reconoció como derecho humano fundamental”.
La implementación de esta reforma generó, además, un cambio radical en el modelo de gestión de OSE (Obras Sanitarias del Estado) quien apostó a la universalización de los servicios.
Al respecto, el presidente de OSE, Milton Machado, señaló que el organismo invirtió más de 100 millones de dólares anuales para garantizar el acceso al agua y al saneamiento y que ha llevado adelante programas y políticas que beneficiaran a todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
En este sentido señaló que OSE estableció una política de tarifas que implica la consideración de los distintos sectores sociales y comprende los de vulnerabilidad social en donde se aplica una tarifa subsidiada parcialmente por el organismo que tiene un costo de 75 pesos mensual por el consumo de hasta 15 metros cúbicos.
Machado destacó que actualmente el 98 % de la población nucleada posee acceso al agua potable y que esto fue posible debido a la implementación de programas como el de abastecimiento a pequeñas localidades y escuelas rurales que desde sus inicios benefició al 70 % de la población objetivo, es decir unas 20.000 personas, con el acceso seguro al agua potable.
Asimismo indicó que durante esta Administración se llevó adelante la regularización de 170 asentamientos que beneficiaron a 70.000 ciudadanos.
Por su parte Beltrame reconoció que estos programas de regularización, que requirieron de una coordinación interinstitucional, generaron cambios en la cultura de los ciudadanos y posibilitaron una mayor regularización y la formalización de los servicios.