Pautas de Naciones Unidas son los pilares de los procedimientos con menores en conflicto con la ley
El reglamento provisorio del procedimiento de contención física para los adolescentes privados de libertad en situación de conflicto, un reglamento disciplinario de infracciones de normas de convivencia y una cartilla de visitante fueron entregados a delegados de los jóvenes internados en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Los documentos están basados en las pautas de la Organización de las Naciones Unidas.
Los textos fueron entregados por la presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Gabriela Fulco, y la coordinadora residente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Mireia Villar Forner.
Los procedimientos se aplican en la institución a partir del memorando firmado en 2015 con la coordinadora residente de la ONU en Uruguay, la Oficina de Droga y Delito de ese organismo internacional y las agencias de Unicef.
Fulco destacó que los reglamentos reflejan la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos. Mencionó que una de las sanciones disciplinarias era la prohibición de visitas, pero que actualmente se trabaja en estrechar los vínculos familiares para que no queden limitados a los horarios de esas instancias.
La cartilla del visitante, señaló, define la lista de elementos de ingreso permitido, como galletitas, alimentos envasados, yerba mate o radios pequeñas sin antena, así como los artículos prohibidos, como dinero, encendedores, celulares, pilas y baterías, drogas y bebidas alcohólicas.
También destacó que el artículo 11 del reglamento disciplinario afirma derechos fundamentales como preservar dignidad, integridad física y moral, libertad de conciencia y de religión, designación de las personas por su nombre, educación, cultura, recreación, deporte y trabajo con derecho a remuneración equitativa en el marco de los convenios laborales firmados por Inisa.
El reglamento provisorio del procedimiento de contención física hace referencia a que el personal que desempeñe esta tarea debe contar con capacitación sobre derechos humanos, género, mediación, garantías, integridad y seguridad de los adolescentes, en el marco de la Convención de los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales en materia de justicia juvenil.
Fulco adelantó que en un año estos tres documentos serán revisados para adaptar los avances al cumplimiento de la normativa. La funcionaria precisó que desde 2015 el promedio de jóvenes en esta institución oscila entre 400 y 500. De acuerdo a esos datos, afirmó que la idea que sostiene que en Uruguay la criminalidad está focalizada únicamente en los menores de 18 años es una percepción sin base científica.