Placa en memoria de víctimas del centro de tortura "300 Carlos" fue instalada en Batallón 13 del Ejército
El Ministerio de Educación y Cultura instaló dos placas conmemorativas en el Batallón de Infantería Blindado Nº 13 que señalan los lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención y reclusión en los que se violaron los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985). el acto se celebró este viernes 27, cuando se conmemoran 43 años del golpe de Estado en Uruguay.
Esta acción se realiza en el marco de lo dispuesto por los artículos 7 y 8 de la Ley Nº 18.596 de Reconocimiento y Reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado. El acto tuvo lugar en el ingreso al Batallón N° 13 con la participación de la subsecretaria de Educación y Cultura, Edith Moraes, y el director de Cooperación Internacional y Proyectos de esa cartera, Nicolás Pons.
Las políticas públicas que buscan el reconocimiento a las personas detenidas desaparecidas son identificación, señalización y creación de sitios que estuvieron o siguen estando bajo la órbita de las Fuerzas Armadas. Hasta el momento se han instalado placas conmemorativas en Sauce, Durazno, Tacuarembó, Fray Bentos, Mercedes y Montevideo.
En el Batallón N° 13 funcionó el centro clandestino de detención "300 Carlos", en uno de los galpones del servicio de material y armamento ubicado en Avenida de las Instrucciones 1325, en Montevideo, junto al batallón de Infantería Mecanizada N° 13. Ese lugar fue base de detención y tortura creada por el hoy desaparecido Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) de la División de Ejercito N° 1 con el conocimiento del Servicio de Información y Defensa (SID), la cual fue rotando su domicilio con el correr de los años.
En el "300 Carlos" se produjo la desaparición de Eduardo Bleier, Juan Manuel Breva, Fernando Miranda, Carlos Arévalo, Julio Correa, Otermino Montesdeoca, Julio Escudero y Elena Quinteros. Todos ellos habrían sido enterrados en el Batallón de Infantería Mecanizado 13.
El 2 de diciembre de 2005, el equipo técnico forense encontró allí e identificó los restos de Miranda, quien había sido secuestrado el 20 de noviembre de 1975.
En su oratoria, Pons expresó que, "a la luz de los actos sucedidos en aquella época, se configura este reconocimiento público del Estado uruguayo ante delitos de lesa humanidad cometidos en estos lugares, en el marco de una política pública que promueve acciones simbólicas tendientes a honrar la memoria histórica de las victimas de Estado y del uso ilegitimo del mismo".
“Pasaron años de aquellos años y, en el día de hoy, se condena no como mero acto administrativo, sino por el contrario, confiados en que esa parte de la historia nacional también es fundamental darla a conocer, enseñarla ay aprender de ella”, sintetizó.
Según datos de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia de la República de febrero de 2015, miles de funcionarios públicos fueron destituidos, 250.000 exiliados, más de 6.000 presos políticos, 209 asesinatos políticos y 192 detenidos desaparecidos, de los cuales 151 de ellos fueron víctimas del Plan Cóndor.