Placa recordatoria en Shangrilá recuerda 40 años del operativo represivo en el “Chalet Susy”
El domingo 23 de octubre se colocó una nueva placa de la memoria, en este caso, al frente del “Chalet Susy” en Shangrilá, Canelones. La placa recuerda el operativo de inteligencia militar que simuló la detención de un grupo de uruguayos en esa vivienda que, en realidad, estaban detenidos de forma clandestina en el centro “Automotora Orletti”, en Buenos Aires, en el marco del operativo transnacional Plan Cóndor.
Entre junio y julio de 1976 fueron detenidos en Buenos Aires y recluidos en el centro clandestino de detención Automotoras Orletti, en Buenos Aires, varios militantes del recién formado Partido Por la Victoria del Pueblo (PVP) que residían en Argentina.
Los integrantes de grupos represivos estatales que actuaban de forma ilegal montaron el 23 de octubre de 1976 un falso operativo, a partir del cual informaron sobre la captura de un grupo de uruguayos “sediciosos” que, en realidad, estaban detenidos en Orletti, fueron trasladados y privados de su libertad de forma clandestina y, finalmente, presentados como arrestados en el chalet.
Según nota publicada en la página institucional del Ministerio de Educación y Cultura, el hecho recuerda, a 40 años de ocurrido, un operativo represivo realizado en el marco del Plan Cóndor, plan de represión regional, llevado adelante por las dictaduras cívico militares del Cono Sur.
El acto contó con la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Comuna Canaria, Valeria Rubino; el alcalde del municipio de Ciudad de la Costa, Mario Lopez; el representante de la Comisión Especial de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas de la Actuación Ilegítima del Estado, Giovanni Rotondaro; y una de las víctimas del mencionado operativo, Ana Quadros.
Esta iniciativa está enmarcada en la Ley Nº 18.596 sobre Actuación Ilegítima del Estado entre el 13 de Junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, por la cual se crea una comisión especial en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, que en su artículo 7 dispone la promoción de acciones materiales o simbólicas de reparación moral con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas y establecer la responsabilidad del Estado.