Empleo juvenil 
Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea General Proyecto de Ley para estudio
El Proyecto de Ley de Empleo Juvenil que se remitió al Parlamento es una herramienta tendiente a potenciar la política de empleo juvenil. Su objetivo es fijar mecanismos legales que favorezcan a aquellas poblaciones jóvenes que presentan mayores dificultades para acceder y permanecer en el mercado laboral. Además, procura brindar una respuesta al problema del vínculo entre trabajo y educación en la población juvenil.
El nuevo proyecto de ley, remitido el 31 de octubre, pretende generar oportunidades para el acceso al trabajo en relación de dependencia, así como la realización de prácticas laborales en el marco de programas educativos y de formación, y la promoción de emprendimientos juveniles autónomos.
También impulsa la creación del trabajo decente y sus diversos componentes de respeto y promoción de los derechos laborales fundamentales, el empleo e ingresos justos, la no discriminación por razones de edad, género, sexo, orientación sexual, etnia, nivel socio económico o de cualquier otro tipo, la protección social y el diálogo social.
Define las bases para la promoción del trabajo decente juvenil, mediante la coordinación de los diversos organismos públicos competentes para la articulación de las ofertas educativas y formativas.
Finalmente, incluye estímulos que se ofrecen a los empleadores para la contratación de jóvenes bajo las distintas modalidades: subsidios; utilización gratuita de mecanismos de selección y seguimiento ofrecidos por el Estado; difusión de la participación de las respectivas empresas en los programas de promoción del empleo juvenil.
Antecedentes
La Ley N.° 16.783, del 3 de octubre de 1997, sobre empleo juvenil creó cuatro figuras contractuales —primer contrato laboral para egresados, becas de trabajo, aprendizaje y aprendizaje simple— con el fin de incentivar el empleo de jóvenes en su primera experiencia laboral y acuerda beneficios tributarios a las empresas —exoneración de aportes patronales a la seguridad social— para facilitar la contratación. Los diversos tipos de contratos tenían una población objetivo singular, con la consiguiente regulación particular de cada una de las modalidades (en cuanto a la edad máxima, plazo y requisitos curriculares).
La necesidad de un nuevo marco normativo sobre el empleo juvenil se expresó en el Plan Nacional de Juventudes —2011-2015—.
Asimismo, como resultado del Diálogo Nacional por el Empleo convocado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en mayo de 2011, en el tema “El Empleo y la formación de los jóvenes”, —subtema: educación y formación profesional— se manifestó el acuerdo de: “actualizar el marco normativo para el desarrollo de prácticas formativas y primera experiencia laboral, de forma que establezca claros marcos de acción, dando garantías a los trabajadores y empleadores”.
Estos dos eventos en conjunto con otras iniciativas e instancias de diálogo gubernamental y con organizaciones juveniles configuraron un acuerdo interinstitucional para la formulación de una nueva ley de empleo juvenil que se trabajó de manera coordinada durante el 2011 hasta la fecha.
Cifras del empleo para jóvenes
Según datos del censo del año 2011 hay 731.082 jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, lo que representa un 22.2 % de la población total del país. En cuanto a la distribución en el territorio nacional. El 41,4 % de las personas jóvenes viven en Montevideo, mientras el resto se distribuye en el interior del país.
En los últimos años existieron avances para toda la población en materia de empleo y pobreza, entre otros aspectos. Sin embargo, se observa que la población joven se encuentra en situaciones desfavorables respecto al resto de la población, así como también se ve con dificultades por problemáticas específicas que deben ser abordadas por políticas públicas que contemplen esta especificidad.
Según la Encuesta Continua de Hogares (ECH 2011) la incidencia de la pobreza afecta al 13.7 % del total de la población de nuestro país, sin embargo afecta a un 15,3 % de las personas jóvenes; mientras que la indigencia afecta solo a un 0,6 % de las personas jóvenes.
En base a la ECH 2011 la población económicamente activa de entre 15 y 29 años, corresponde a un 27,7 % de la población activa total del país. Esta cifra indica la relevancia de generar acciones que atiendan a esta población, para mejorar el acceso a un trabajo decente.
Aproximadamente 100 mil jóvenes estudian y trabajan, lo que implica un desafío en términos de compatibilizar ambas actividades.