Privados de libertad serán resocializados en nueva institución basada en educación y trabajo
El prosecretario de loa Presidencia, Juan Andrés Roballo, anunció que la rehabilitación de privados de libertad contará con una nueva institucionalidad, que tendrá un formato jurídico de servicio descentralizado por fuera de la órbita del Ministerio del Interior. Derivar esta responsabilidad al Ministerio de Educación y Cultura “parece ser la mejor opción, aunque aún es un aspecto que se seguirá discutiendo”, dijo.
La disposición de descentralizar la rehabilitación de las personas privadas de libertad fue tomada por unanimidad en la reunión del Gobierno con los partidos con representación parlamentaria, encabezada por el Presidente Tabaré Vázquez, instancias convocadas para buscar consensos en materia de seguridad ciudadana y convivencia.
En el encuentro concretado este martes 28 en la Torre Ejecutiva, referido a la rehabilitación de los privados de libertad y el sistema carcelario, se llegaron a varios acuerdos y ahora resta definir si el sistema para adultos y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) orbitarán en la misma organización institucional.
La nueva institucionalidad, que tendrá un formato jurídico de servicio descentralizado, se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, en principio, aunque este aspecto aún está a discusión, aclaró Roballo. “Sí se acordó la necesaria independencia”, añadió.
También se informó que habrá que analizar la diferencia entre el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley y los mayores de edad, pues “debe haber un abordaje diferente y de aquí en más afinaremos la institucionalidad”, indicó Roballo.
La comisión técnica de esta multipartidaria analizará la posibilidad de tratar o calificar de “especialmente grave” los delitos contra policías, magistrados, fiscales y guardias de seguridad, dijo en otro pasaje de su alocución.
Los senadores Luis Alberto Heber, Javier García y Guillermo Besozzi, representantes del Partido Nacional, propusieron un aumento de la pena para el homicidio intencional a más de 24 meses para que no sea excarcelable, considerar homicidio especialmente agravado cuando la víctima son policías, guardias de seguridad de empresas privadas, jueces o fiscales. También plantearon implementar un agravante al homicidio contra un trabajador en ejercicio de su función.
Esas iniciativas nacionalistas fueron las que pasaron a la comisión técnica.
Por su parte los delegados del Partido Colorado, el diputado Germán Cardozo, la edila Consuelo Pérez y el prosecretario de esa fuerza política, José Garchitorena, presentaron el proyecto de ley propuesto en la legislatura anterior sobre rehabilitación de personas privadas de libertad.
Desde el Partido Independiente, representado por el senador Pablo Mieres y el diputado Daniel Radío, se congratularon del abordaje integral a esta problemática por parte de este encuentro multipartidario. No se detuvieron solamente en aspectos represivos, apuntaron. Además, se mostraron de acuerdo en pasar la gestión de los centros de rehabilitación a la órbita del Ministerio de Educación, tal como lo planteó el Gobierno.
Por parte de la Unidad Popular, sus delegados el diputado Eduardo Rubio y los dirigentes Gonzalo Abella y Gustavo López también están de acuerdo con “devolver” la rehabilitación de privados de libertad a la órbita de la cartera de Educación, aunque discrepan con que se gestione desde la misma organización institucional la resocialización de mayores y menores.
Esa agrupación argumenta que entre mayores y menores “la vida no tiene distinto valor”.
Finalmente, Edgardo Novick y el diputado Guillermo Facello, del Partido de la Concertación, marcaron la necesidad de la clasificación de reclusos y la instalación de la educación y el trabajo como una obligación para los privados de libertad.
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