Privados de libertad que trabajan pasaron de 80 a 4.500 durante gestión de Bonomi
En el marco de la apertura del Congreso Latinoamericano de Políticas Pospenitenciarias, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que en 2010, cuando asumió el cargo, había 80 presos que trabajaban y ahora son 4.500. Añadió que desde que las salidas de los internos pasaron, en 2015, a ser autorizadas por los directores de cárceles se escapó solo uno, mientras que cuando se requería decisión judicial lo hacían por decenas.
Bonomi informó, en la instancia internacional, que el sistema penitenciario en Uruguay cuenta con 12.000 plazas y que la cantidad de internos ronda los 11.000. Asimismo, enfatizó que en 2010 trabajaban 80 personas privadas de libertad, mientras que este año se alcanzó a las 4.500. “Representa una diferencia enorme”, afirmó.
En la apertura del congreso, que se desarrolla este jueves y viernes en un hotel del Montevideo, el ministro del Interior de Uruguay especificó que algunos de esas 11.000 personas nunca irán a trabajar porque no quieren hacerlo, pero que “a los que quieren se le debe dar la oportunidad”, subrayó.
En este acto participaron, además de Bonomi, la subdirectora nacional técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, el titular de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), Jaime Saavedra, y el comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit.
Bonomi sostuvo, en otro tramo de su alocución, que años atrás, para que salieran a trabajar los reclusos, se debía presentar a la Justicia la razón para ello y que, a partir del último presupuesto, los directores de los establecimientos pueden autorizar estos movimientos.
“Nos dijeron que se nos iban a escapar la mitad”, recordó Bonomi. “Esto comenzó en 2015 y a la fecha se escapó solo uno”, mientras que cuando autorizaba la Justicia hubo decenas de evasiones, señaló. “Cuando se decide quién puede salir es por la trayectoria y conocimiento que tienen los directores”, puntualizó.
El ministro valoró luego las refacciones de escuelas, liceos, hospitales, plazas y parques que han realizado los reclusos por esta herramienta. “Cuando llegan, los pobladores del barrio los rechazan violentamente, y pasan tres días y comienzan a aceptarlos”, indicó.
“Un sistema necesita recursos, personas y gestión”, precisó. “Las personas, cuando vienen de años atrás, son preparadas para otra gestión, no para lo que se quiere hacer ahora”, complementó.
“La reforma que comenzó en 2010 tiene características que necesitan no solo la decisión de hacer algo, sino contar con los funcionarios que pueden llevar adelante ese algo y los recursos. No tenemos voluntad de dejar lo que se comenzó en 2010”, certificó.
En su extenso discurso, Bonomi remarcó que en la segunda mitad de la década de 1990 se discutió el tema y se aprobó una ley de seguridad ciudadana, en la que había dos recetas enfrentadas: la mano dura y las políticas sociales. Triunfó la mano dura y lo único que significó fue el aumento de penas.
“Cuando asumimos en 2010 teníamos 6.500 plazas penitenciarias y 8.500 presos, por eso, entonces, el hacinamiento era inevitable, pero hoy somos los que estamos mejor en cuanto a la relación entre plazas e internos”, agregó. No debería haber hacinamiento, pero lo hay en algunos módulos del ex Comcar, Canelones, Maldonado y dos o tres establecimientos que tienen más personas que plazas”, dijo. “Eso lo vamos a corregir”, aseguró.
“Hicimos una resolución que se fundamenta en que en ninguna celda puede haber más personas que las que admite, según los criterios internacionales, y ningún establecimiento puede tener más personas que las que admite”, apuntó. Bonomi afirmó que en tres meses no habrá más hacinamiento en Uruguay, pero no por el habeas corpus (presentado por Petit), sino porque hay una reestructura planteada que modificará toda la situación carcelaria.
“En esta discusión sobre mano dura y políticas sociales, parto de la base de que se necesitan políticas sociales en seguridad y cárceles que bajen las causas por las cuales se comenten delitos”, sostuvo. “Pero no pueden estar separados uno u otra de políticas de policiamiento. En las cárceles tiene que haber políticas de rehabilitación junto con seguridad que permitan garantías para todos”, indicó el titular del Ministerio del Interior.