Proceso de reconstrucción del sistema carcelario busca la rehabilitación en clave de DDHH
Un informe de la asesoría penitenciaria del Ministerio del Interior da cuenta del proceso de reconstrucción del sistema carcelario, estructurado en los Derechos Humanos. Las próximas medidas serán la redacción de una ley para reducir el hacinamiento, mecanismos para regular cupos penitenciarios, una “Casa de medio camino para hombres”, capacitación y protocolización para operadores carcelarios y usinas culturales en cárceles.
El informe también detalla las medidas tomadas por la actual administración. Se mencionan los concursos para ingresar operadores carcelarios al sistema, la construcción de un establecimiento especializado para madres privadas de libertad y sus hijos (El Molino), nuevos módulos en COMCAR y Libertad, Punta de Rieles, un próximo complejo penitenciario de 1.800 plazas construidas a través de la asociación público-privada.
La relación entre reclusos en las cárceles y la población uruguaya es de un 124%, como constata el estudio, mientras que la tasa de prisionalización es de 270,13 personas recluidas cada 100 habitantes. Las cárceles del interior albergan 3.616 privados de libertad, mientras las cárceles metropolitanas contabilizan 5.288 personas. De ellos, 3.152 tienen una pena firme y 5.908 están procesados. Hay 8.353 hombres y 714 mujeres. Las personas privadas de libertad que cometieron delitos por primera vez son 3.631, mientras que 5.436 reincidieron en el crimen.
El proceso hasta nuestros días
Como explica el documento, el proceso de hacinamiento se potenció cuando la Dirección General de Institutos Penales cambió de órbita del Ministerio de Educación y Cultura al Ministerio del Interior, en 1971. Junto a este proceso, se transformaron los criterios establecidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU) a otros propios de un Estado Militarizado (sic).
“Con el retorno a la vida democrática la destrucción del sistema penitenciario era evidente y las primeras medidas del Gobierno electo sobre el sistema penitenciario precipitaron una situación aún más caótica”, constata el informe, que recuerda los costos en vida de los motines en las antiguas cárceles de Punta Carretas y Miguelete del año 1986.
El mayor incremento de población carcelaria fue producto de la creación de nuevas figuras delictivas y el endurecimiento de las penas tras la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana de 1995. Junto a este proceso, se observó una tendencia al aumento de los procesamientos sin prisión y una restricción de las libertades anticipadas.
Como puntos importantes, el documento señala la creación de la figura de Comisionado Parlamentario en 2003 y la declaración del estado de emergencia carcelario, el 1º de marzo de 2005. Bajo esa declaración se reglamentaron: la redención de pena por trabajo y estudio, la inserción laboral de liberados, los regímenes excepcionales de excarcelación provisional o anticipada, el régimen de prisión domiciliaria y la modificación del régimen de libertad anticipada.
El Espinillar y Fondo de asistencia para víctimas de delitos
El documento promocionado por el sitio web del Ministerio del Interior también informa sobre el acuerdo entre esa secretaría de Estado y el Instituto de Colonización para establecer un Centro de Rehabilitación en la antigua planta de “El Espinillar”, en Villa Constitución, Salto. Se trata de un predio con 41 hectáreas y 14 casas, que será gestionado a través de un comodato por 30 años entre la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y la Cartera.
Se proyecta una experiencia original de internación en la modalidad de máxima confianza, para que las personas privadas de libertad transiten la última etapa de reclusión en convivencia con sus familias. Una experiencia similar se encuentra tanto en “El Campanero”, Lavalleja, como en “Piedra de los Indios”, Colonia.