Edgardo Ortuño 
El taller “Impacto económico de la explotación minera a gran escala”, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Centro de Estudios Fiscales contó con la presencia, este martes, del subsecretario de Ortuño y el director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, Andrés Masolle, como invitados especiales.
Ortuño expresó la necesidad de visualizar la minería de gran porte con una mirada transversal, a corto, mediano y largo plazo, junto a los ministerios de Industria, Energía y Minería; Economía; Vivienda; Ganadería, Agricultura y Pesca; Transporte; la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y organismos y actores privados.
“Es una manera de adquirir conocimientos e impulsar políticas transparentes en esta nueva fase de minería (explotación de hierro), de forma que sea en sí misma un avance productivo que redunde en beneficios sociales, económicos, que agregue valor a productos y que mejore la capacitación de recursos humanos”, añadió.
Calculó que la minería de gran porte posibilitará “un incremento significativo del PIB, que se ubicará en el orden del 1,5 % o 2 %”, y que permitirá disponer de unos 3.000 nuevos puestos de trabajos directos e indirectos, calificados y con mayores ingresos.
“Para que estas posibilidades sean realmente realidades es esencial el papel del Estado, así como disponer de un política fiscal clara, algo que fue asumido en la nueva legislación que transformó el añejo código minero”, sostuvo.
La nueva legislación modificó el canon de producción que debe abonar cada proyecto extractivo, que ahora es de 5 %, y la reglamentación de la Ley de Minería de Gran Porte, que introduce un impuesto adicional y fija el destino de los recursos en 30 % para las arcas del Estado para proyectos productivos, desarrollo local y educativos, y el restante 70 % se dirige a un fondo intergeneracional”, señaló Ortuño.
También la nueva norma establece que las empresas deben realizar el cierre de minas, una vez agotada su extracción, siguiendo las condiciones ambientales dictadas por la Dirección Nacional de Medio Ambiente.
Por su parte, Masoller precisó que todo trabajo que se haga en materia extractiva en Uruguay es importante, pues el país no tiene suficiente experiencia en la materia y, por ser un fenómeno económico, es necesario estudiar, analizar y conocer otras realidades tanto de academias, organismos públicos y privados “para poder hacer propuestas de política y el seminario cumple claramente con estos objetivos”.
Destacó, además, las investigaciones que están llevando adelante el Centro de Estudios Fiscales, las cuales son insumos fundamentales en la toma de la decisión gubernamental. En ese sentido cito como ejemplo los estudios sobre la evaluación del régimen de promoción de inversiones, la tributación de las altas rentas y el impacto en el ingreso, y ahora sobre minería a gran escala.
El taller se realizó este martes en la sede central de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Montevideo.
Producción de minería de gran porte aumentará el producto bruto entre 1,5 % y 2 %
“El impacto que tendrá la minería de gran escala en el producto interno bruto (PIB) de nuestro país será del orden de 1,5 % a 2 %”, estimó el subsecretario del Industria, Edgardo Ortuño, en la apertura del taller sobre impacto económico de la explotación de los recursos extractivos. Agregó que esa actividad llegará a ocupar a 3.000 personas, impulsará la inversión en infraestructura y potenciará el desarrollo local.
Ortuño expresó la necesidad de visualizar la minería de gran porte con una mirada transversal, a corto, mediano y largo plazo, junto a los ministerios de Industria, Energía y Minería; Economía; Vivienda; Ganadería, Agricultura y Pesca; Transporte; la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y organismos y actores privados.
“Es una manera de adquirir conocimientos e impulsar políticas transparentes en esta nueva fase de minería (explotación de hierro), de forma que sea en sí misma un avance productivo que redunde en beneficios sociales, económicos, que agregue valor a productos y que mejore la capacitación de recursos humanos”, añadió.
Calculó que la minería de gran porte posibilitará “un incremento significativo del PIB, que se ubicará en el orden del 1,5 % o 2 %”, y que permitirá disponer de unos 3.000 nuevos puestos de trabajos directos e indirectos, calificados y con mayores ingresos.
Además incentivará las inversiones adicionales en infraestructuras, “como la terminal portuaria de aguas profundas” que se planifica en la costa del océano Atlántico, la transmisión de energía eléctrica para el este del país y como motor de desarrollo departamental y local, detalló el funcionario.
“Para que estas posibilidades sean realmente realidades es esencial el papel del Estado, así como disponer de un política fiscal clara, algo que fue asumido en la nueva legislación que transformó el añejo código minero”, sostuvo.
La nueva legislación modificó el canon de producción que debe abonar cada proyecto extractivo, que ahora es de 5 %, y la reglamentación de la Ley de Minería de Gran Porte, que introduce un impuesto adicional y fija el destino de los recursos en 30 % para las arcas del Estado para proyectos productivos, desarrollo local y educativos, y el restante 70 % se dirige a un fondo intergeneracional”, señaló Ortuño.
También la nueva norma establece que las empresas deben realizar el cierre de minas, una vez agotada su extracción, siguiendo las condiciones ambientales dictadas por la Dirección Nacional de Medio Ambiente.
Por su parte, Masoller precisó que todo trabajo que se haga en materia extractiva en Uruguay es importante, pues el país no tiene suficiente experiencia en la materia y, por ser un fenómeno económico, es necesario estudiar, analizar y conocer otras realidades tanto de academias, organismos públicos y privados “para poder hacer propuestas de política y el seminario cumple claramente con estos objetivos”.
Destacó, además, las investigaciones que están llevando adelante el Centro de Estudios Fiscales, las cuales son insumos fundamentales en la toma de la decisión gubernamental. En ese sentido cito como ejemplo los estudios sobre la evaluación del régimen de promoción de inversiones, la tributación de las altas rentas y el impacto en el ingreso, y ahora sobre minería a gran escala.
El taller se realizó este martes en la sede central de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Montevideo.