Programa de Justicia e Inclusión deja una malla de convenios que promueve reinserción social a privados de libertad
Respaldo para la elaboración del nuevo Proceso Penal, capacitación a los operadores judiciales, la incorporación de la perspectiva de derechos humanos, capacitación para privados de libertad y una malla de convenios que promueve la reinserción social es lo que dejaron los cinco años del Programa de Justicia e Inclusión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), efectuado junto a la Cooperación Europea.
Álvarez recordó que el proyecto comienza se lanza en base al “Informe Novack”, relativo al hacinamiento carcelario en nuestro país, cuando la relación entre las plazas en los centros de detención y la cantidad de personas recluidas era de 135 a 100 en 2010 y hoy en 2016 es aproximadamente de 110 a 100.
Uno de los legados del proyecto es la malla de convenios firmados para cumplir los objetivos generales, entre los cuales Álvarez destacó los acuerdos entre el Instituto Nacional de Rehabilitación, la UTU y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) y Sindicato de la Aguja para seguir trabajando con la cárcel de mujeres, convenio entre INR, INEFOP y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para continuar el piloto educativo y otros convenios entre distintos organismos para continuar los desarrollos.
También debe destacarse todo lo relativo a infraestructura que el programa logró y queda ahora para continuar trabajando, señaló entre otros aspectos Pablo Álvarez.
El Programa de Justicia e Inclusión fue desarrollado a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se puso en marcha desde 2011 con el apoyo de la Unión Europea con 5 objetivos básicos: El apoyo a la reforma del sistema penal, el apoyo a la reforma administrativa, temas de salud para las personas privadas de libertad, temas de educación para personas en conflicto con la ley penal y el tema de la reinserción social para las personas privadas de libertad, explicó García.
La ejecución del proyecto fue de casi 4 millones de dólares, en un proceso donde participaron los tres poderes del Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional, lo cual ejemplifica el tamaño del desafío, como calificó el director de OPP al desarrollo de este proyecto.
Alvaro García destacó el aporte de alta calidad técnica para el diseño y la planificación institucional, la generación de conocimientos, la capacitación de recursos humanos en todos los niveles del sistema de justicia penal y de los programas para la población procesada y condenada.
A esto también debe sumarse la implementación de software de gestión, el aporte de equipamiento principalmente informático en el Poder Judicial y en la Fiscalía General y otro equipamiento diverso también en materia de educación, salud, cultura y trabajo.
En la rendición de cuentas del proyecto también participaron el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, la ministra interina de Salud, Cristina Lustenberg, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, el Fiscal de Corte, Jorge Díaz y el embajador representante de la Unión Europea, Juan Fernandez Trigo.
Rendición de Cuentas del Programa Justicia e Inclusión