Proyecto de ley contra violencia de género establece protección integral a víctimas
El proyecto de ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género obliga al Estado a prestar servicios gratuitos de asistencia jurídica, psicológica, social, además de prestar asistencia sanitaria y habitacional a las mujeres. La normativa vela por la permanencia de las mujeres víctimas de este delito en sus lugares de trabajo, en el sistema educativo y en otros espacios sociales.
Este proyecto contiene siete capítulos que abordan el sistema interinstitucional de respuesta, los lineamientos para las políticas públicas, la red de servicios de atención, los procesos de protección, investigación y penalización, los procesos administrativos, judiciales y las normas penales.
“Toda conducta, acción u omisión, en el ámbito público o el privado que, sustentada en una relación desigual de poder en base al género, tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres es violencia contra las mujeres basada en género", según define el proyecto de ley.
El proyecto establece que el objeto primordial de la ley es garantizar la vida libre de violencia para las mujeres, cualquiera sea su edad, orientación sexual, identidad de género, origen étnico racial o situación de discapacidad en el área urbana o rural donde habiten.
Describe catorce formas de violencia contra las mujeres: física, psicológoca o emocional, sexual, basada en prejuicios por la orientación sexual, económica, patrimonial, simbólica, obstétrica, laboral, en el ámbito educativo, acoso sexual callejero, política, mediática y femicida.
El capítulo IV del proyecto sobre red de servicios de atención a mujeres en situación de violencia basada en género determina las prestaciones y servicios mínimos que el Estado debe garantizar en el marco del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), que incluyen atención psicosocial, asesoramiento y patrocinio jurídico, que deberá brindarse en forma gratuita a las mujeres víctimas de violencia de género.
También hace énfasis en los servicios de resocialización de varones que han ejercido violencia, los equipos móviles que facilitan el acceso de las mujeres rurales o con dificultades de desplazamiento, los servicios de atención a la salud de las víctimas y de sus hijos a cargo, las alternativas habitacionales, las medidas para la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo.
Inmujeres está obligada a asegurar diferentes respuestas habitacionales para las mujeres en procesos de salida de situaciones de violencia basada en género, tanto para los momentos de crisis y de riesgo de vida, como también en el proceso de fortalecimiento sociolaboral para contribuir a su autonomía económica.
Asimismo, contempla la permanencia en el trabajo de las mujeres durante la situación de crisis motivada por la violencia basada en género y la inserción laboral, y el cuidado de las personas dependientes y previsiones para contemplar la situación específica de las mujeres migrantes.
Se propone incluir dentro de las competencias de los Juzgados Letrados Especializados en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual los procesos relativos a divorcios, pensiones alimenticias, tenencias y visitas, suspensiones, limitaciones o pérdidas de la patria potestad en los casos en los que, con una antelación de hasta un año, se haya adoptado judicialmente alguna medida cautelar como consecuencia de la violencia basada en género, doméstica o sexual o en los que se constata por cualquier medio dicha violencia aunque no se haya requerido la aplicación de medidas.
Uruguay, uno de los países con más muertes de mujeres ocasionadas por su pareja o expareja
Según datos de 2012 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Uruguay está entre los países con mayor cantidad de muertes de mujeres ocasionadas por sus parejas o exparejas en relación con la cantidad de habitantes, con una tasa de 0,62 puntos.
La Primera Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones realizada en 2013, indica que siete de cada diez mujeres mayores de quince años manifestaron haber vivido en su vida alguna situación de violencia de género, lo que en términos absolutos representa más de 700.000 mujeres. De ese total, una de cada tres (34,2 %) declaró haber vivido alguna situación de violencia en su infancia. En 2014, INAU atendió 1.728 situaciones de maltrato y abuso sexual.
Según datos brindados por el Ministerio del Interior, en los últimos diez meses de 2015 se recibieron 85 denuncias por violencia doméstica cada día, una cada 17 minutos. De acuerdo a esos datos, cada once días murió asesinada o fue víctima de un intento de asesinato una mujer por violencia doméstica.