Refundación de política de vivienda y hábitat llevó democratización a las ciudades
“Hasta 2005 había en Uruguay una política de vivienda absolutamente fragmentada que se expresaba en el territorio”, dijo la directora del área, Lucía Etcheverry. Explicó que el cambio y la refundación de la estrategia al respecto que se aplica en Uruguay es parte de la consolidación de un plan que implicó diálogos, construcción de consensos y que llevó políticas sociales y democratización a las ciudades.
“La vivienda lleva tiempo, recursos, componentes técnicos, planificación y obras que se tienen que acompañar con procesos de cambios culturales que son parte de las claves de una ciudad integrada y de ciudadanos capaces de convivir aún en las diferencias. Es necesario que las políticas públicas tengan continuidad en el tiempo para generar cambios con la meta de una sociedad más igualitaria”, dijo Etcheverry en la conferencia ¿Qué políticas públicas para cuáles hábitats?, realizada este miércoles 18 en la Sala de Conferencias del Banco Central del Uruguay.
La directora nacional de Vivienda explicó que el cambio y la refundación de la política de vivienda y hábitat que se aplican en Uruguay es parte de la consolidación de un plan que implicó diálogos y construcción de consensos. También es un proceso de acumulación en términos de lineamientos políticos más globales que tienen relación con la visión de sociedad, de Estado y la continuación de equipos de trabajo y de individualidades.
Señaló que "hasta 2005 había en Uruguay una política de vivienda absolutamente fragmentada que se expresaba en el territorio".
En tal sentido, dijo que en ese momento el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) atendía una demanda poblacional que tenía poder adquisitivo y acceso a construcciones de calidad en áreas de las ciudades con todos los servicios; mientras que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) lo hacía con los ciudadanos que no eran solventes o que tenían muy poco margen adquisitivo y que solo podían acceder a una vivienda pequeña en términos de metros cuadrados y ubicada en la periferia de las ciudades.
Destacó que a partir de esta situación, con un horizonte de política de vivienda mirada desde la lógica de las políticas sociales y también como un bien social que tiene que llevar la democratización a las ciudades y a la ciudadanía, se reestructuraron y se recuperaron componentes básicos de la política del área a través de la aplicación de la Ley Nacional de Vivienda del año 1968, que definió que Uruguay fuera vanguardia durante mucho tiempo en América Latina.
La reestructuración de la política de vivienda implicó la reestructuración de la capacidad de préstamos desde el punto de vista del Ministerio de Vivienda y poner los recursos al servicio de la ciudadanía; también se enfatizó en el trabajo colectivo e individual de la gente al momento de construir; y se incorporó la asistencia del Estado a las familias que más lo necesitan, con el sistema de subsidio a la cuota.
Afirmó que “veníamos de experiencia de programas que tenían el subsidio al capital o a la tasa de interés que generaba falsas igualdades y asistiendo a todos por igual independientemente de su condición, esto hacía que los que tenían más posibilidades optaran mucho más por esos recursos”.
También se sumó el concepto de que la vivienda no puede estar aislada del concepto de ciudad y territorio y que las mismas deben estar ubicadas en lugares definidos por los estándares urbanos con infraestructuras físicas duras como el saneamiento, el alumbrado, la vialidad, los drenajes pluviales, los bienes culturales, los servicios educativos, sociales, sanitarios, transporte público y recolección de residuos con espacios públicos y de convivencia ciudadana.
Etcheverry enfatizó que con la aplicación de una política de vivienda estatal se comenzó a transitar desde 2005 por un camino en donde la población y la familias ya no acceden a un producto en función de sus ingresos sino que lo hacen en función de su situación, de la heterogeneidad y de las necesidades, con una diversidad de instrumentos que conjugan estos componentes.
Explicó que el crecimiento de los asentamientos en la década del 90 y a principios del 2000 está asociada a la ejecución de grandes conjuntos habitacionales ubicados en la periferia que actualmente son parte de problemas de seguridad, convivencia, de carencias de recursos de servicios sociales, de falta de calidad en los servicios de infraestructura.
“Estamos tratando de revertir eso”, aseguró, al tiempo que dijo que se trabaja en la producción de nuevas viviendas, en la reelectura y en una nueva mirada sobre esos territorios que ya están conformados, y donde es necesario respetar y revalorizar el esfuerzo de la gente, a nivel de escala local y con heterogeneidad.
Es necesario que la política de vivienda y hábitab siga apostando por el diálogo en conjunción con las políticas de desarrollo. “No todos los sectores sociales están dispuestos a integrarse”, dijo.
Agregó que hay experiencias concretas de procesos de relocalización de familias que acceden a su vivienda con gran esfuerzo, pero entran en confrontación con los habitantes de esos territorios, que tienen otras características desde el punto de vista de los ingresos y de los niveles socioeducativos. Apuntó a que se debe ser más proactivo en la intencionalidad de generar los mejores escenarios para la integración y la inclusión.
La política de acceso a la tierra pública es vital para disminuir los procesos de extensión de las ciudades y de alejamiento de la gente de los servicios y de los bienes materiales y simbólicos, indicó.
Las reflexiones de Etcheverry se realizaron en el marco de la conferencia ¿Qué políticas públicas para cuáles hábitats? de intercambio de ideas y propuestas con el profesor de geografía y antropología, David Harvey, de la City University of New York, que este jueves será reconocido como Doctor Honoris Causa por la Universidad de la República (UdelaR).
En la conferencia participaron la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Eneida de León, el subsecretario Jorge Rucks y el director nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT), Salvador Schelotto.