Rendición de Cuentas propone asignar 225 millones de pesos para profundizar servicios de la ley de violencia basada en género
La Rendición de Cuentas, en el marco de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, propone asignar 160 millones entre 2019 y 2020 para el Ministerio de Desarrollo Social, el programa de alquileres del Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Interior y Presidencia. Para la implementación del nuevo Código del Proceso Penal se propone la asignación de 65 millones de pesos a la Fiscalía General de la Nación.
En cumplimiento de la ley n.º 19580, de violencia hacia las mujeres basada en género, se propone asignar 80 millones de pesos en 2019, distribuidos de la siguiente manera: 30 millones de pesos se destinan al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para el fortalecimiento de la atención de las víctimas de violencia basada en género en el interior del país, 20 millones al programa de alquileres del Ministerio de Vivienda, 25 millones de pesos al Ministerio del Interior para dispositivos electrónicos (tobilleras) y 5 millones a Presidencia de la República para campañas de bien público sobre el tema. Se plantea igual monto para el año 2020.
El proyecto también formula que se destinen 65 millones de pesos para remuneraciones en la Fiscalía General de la Nación, principalmente para la contratación de recursos humanos con la finalidad de seguir implementando el Nuevo Código del Proceso Penal. “Además, el organismo propone modificaciones en su operativa, con el objetivo de avanzar en la aplicación de la ley de violencia basada en género”, expresa el proyecto en su exposición de motivos.
Actualmente, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), a través de la División de Violencia basada en Género, ofrece, en el marco del plan de acción 2016-2019, un sistema de respuesta por parte del Estado en asociación con organizaciones de la sociedad civil.
Funcionan 27 servicios de atención a mujeres en situación de violencia basada en género, con profesionales en el área de la psicología, el trabajo social y el derecho, 18 dispositivos de articulación territorial, 6 equipos de atención a varones que ejercen violencia hacia mujeres que son o fueron sus parejas, un portal de ingreso a centros de 24 horas, una casa de breve estadía y un centro de estadía transitoria.
Además, cuenta con un centro de medio camino en convenio con la Agencia Nacional de Vivienda, un programa de alternativas habitacionales transitorias para mujeres en proceso de salida de situaciones de violencia doméstica, con cobertura nacional, en convenio con el Ministerio de Vivienda, y capacitaciones para empleo en convenio con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).