Intercambio internacional

Representantes de países latinoamericanos disertan en Uruguay sobre realidad rural

Los días 10 y 11 de octubre en las instalaciones del Hotel Balmoral, autoridades de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Ganadería, Agricultura y Pesca; legisladores, funcionarios de seguridad social, representantes de trabajadores y empleadores y delegados de diferentes países participan del seminario “Políticas de mercado de trabajo y pobreza rural”.

Gente trabajando
La Oficina Regional de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación para América Latina y el Caribe (FAO), con la colaboración de la Organización Internacional del Trabajo(OIT) y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) organizó en Uruguay el seminario subregional “Políticas de mercado de trabajo y pobreza rural”.

El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta y el subsecretario de Ganadería, Enzo Benech dieron inicio al evento acompañados de la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay, Susan McDade. En esta instancia se presentaron los resultados de una investigación realizada en 12 países de América Latina sobre sus respectivos mercados de trabajo rural, con especial atención en la calidad del empleo.


Los datos
El proyecto regional comparado fue presentado por el consultor de la FAO, Emilio Klein y reúne los datos registrados por sus colegas en los distintos países.

El estudio revela que la pobreza rural viene disminuyendo desde 1980 a la fecha en toda América Latina. Pasó de 60% (1980) a 53% (2010). Pero la disminución fue muy lenta, inferior al 1% por año. Las características del mercado de trabajo rural explican en parte el mal desempeño y se considera que el problema está en la distribución.

En cuanto al impacto de las políticas públicas en la pobreza rural, el informe revela que las personas pobres en Uruguay en su área rural alcanzan el 18%. De las personas ocupadas en tareas rurales en nuestro país, el 53% se dedica a la agricultura y el 47% a labores no agrícolas. En Brasil la relación es 70%-30% y en Chile 60%-40%.

En cuanto al porcentaje de asalariados del sector rural, en Uruguay alcanza el 61% y en Chile el 65%. Ambos países registran los valores más altos de la región. No hay datos cuantitativos sobre los asalariados temporales agrícolas en nuestro país, pero la información cualitativa indica que se trata de un porcentaje alto.

El 46% de los pobres rurales de Uruguay se ocupa en el sector agrícola y el 54% en el no agrícola. Este es un dato destacado por los especialistas, ya que en la mayoría de los países los pobres se dedican a la agricultura. En Uruguay el 9% de las personas que trabajan en agricultura son pobres, mientras que el 13% del sector no agrícola lo son.  En Brasil representa el 53% y en Paraguay el 73% (agrícola), cifras sensiblemente mayores.

El analista dijo que el crecimiento del sector seguramente favoreció en la baja de los índices de pobreza, y recordó que tanto Uruguay como Chile registran indicadores muy bajos a nivel país. De las personas pobres ocupadas en el área rural, el 10% son asalariados y el 14% productores. En cuanto a la informalidad, Uruguay logró un incremento del 145% (1992-2009) de los puestos cotizantes de asalariados agropecuarios.

En lo que refiere a trabajo infantil, todos los países incluidos en el informe registran bajos niveles. En 20 años cayó a la mitad producto de las fuertes políticas que se practicaron en la región. En materia de participación de la mujer en el empleo rural regional, los indicadores son bajos y su presencia entre los asalariados agrícolas también es reducido (excepto en cultivos de agroexportación).

El diagnóstico indica que se registra una mayor participación de la mujer en mercados de trabajo no agrícolas y una notoria presencia en tareas informales y temporales. Al igual que en el sector urbano, los hogares rurales donde las mujeres son jefas, tienen mayores niveles de pobreza, y se verificó que es poca la gente que trabaja en los hogares pobres.  

El informe recomienza una mayor presencia de políticas públicas en el sector rural, visiblemente inferiores a las del sector urbano; mayor participación de los Ministerios de Trabajo para fiscalizar el cumplimiento de la ley laboral; adecuación de la normativa pensando sobre todo en el trabajo temporal; más capacitación y educación para el trabajo; regularización del empleo (contrato y seguridad social); divulgación de los derechos de los trabajadores y diálogo social en procura de mejoras en las relaciones laborales.

Asimismo el estudio hace foco en la necesidad de trabajar para la erradicación de trabajo infantil, el aumento de la presencia femenina en el mercado formal y la certificación laboral de procedimientos. 

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