Roballo: sin la participación ciudadana, “la mejor normativa no sirve de nada”
El cierre del III Seminario Internacional de Acceso a la Información Pública contó con la presencia del prosecretario Juan Andrés Roballo, quien destacó la ubicación de Uruguay en índice de corrupción dentro de América Latina. Por otro lado, abogó por un cambio de mentalidad que le permita al ciudadano común acceder a toda la información pública disponible y que además, pueda interactuar con sus opiniones.
El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, participó del panel central “Reflexiones acerca del estado de situación de la Ley de acceso a la información pública en Uruguay”, realizado este lunes en el marco del seminario internacional sobre la materia.
Resaltó que Uruguay es de los países mejor ubicados en América Latina en aspectos como la calidad de la democracia, menor desigualdad, pobreza, efectivización de derechos, cultura cívica y ejercicio de democracia directa.
Asimismo, nuestro país tiene una muy baja incidencia en materia de corrupción en el ámbito público y el menor índice de corrupción en percepción en la región, según “Transparencia internacional”. No obstante, dijo que no por estos resultados se debe dejar de trabajar, sino que hay que fijarse objetivos más sofisticados.
Desde su contexto institucional sólido, Uruguay tiene credibilidad y confianza dijo y recordó que en el año 2008 la aprobación de la ley de protección de datos personales generó la promoción y sanción de una ley de acceso a la información lo cual demostró tener una sociedad civil organizada, activa y en diálogo con el gobierno y las instituciones.
Roballo destacó también el rol de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAP), organismo en la órbita de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic) y tiene una gran independencia técnica, lo cual no quita que pueda evaluarse su permanencia en dicha área.
Explicó que, a pesar de tener el mejor marco normativo, si la ciudadanía no tiene acceso no sirve de nada y en esto hay mucho por caminar aún. Consideró importante remarcar el rol del ciudadano común y la necesidad de que pueda estar informado no solo de los sueldos en los organismos, viajes o viáticos, sino que pueda acceder a las rendiciones de cuenta e interactuar con su opinión, “paso que aún no hemos podido dar”, reconoció.
En tanto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, mencionó algunos rankings en los que Uruguay está bien posicionado: es el mejor país en independencia judicial en América y entre 142 países está en el lugar 20 según uno de los foros más prestigiosos. En integridad de las tres ramas de gobierno y ausencia de corrupción ocupa el lugar 19 de las democracias del mundo. Por otro lado lamentó que el uruguayo tenga aún una “mentalidad cerrada” ya que piensa que los organismos públicos son los dueños de los datos y no permite en muchos casos el acceso a la población a toda la información. A su entender “Casi todo puede estar y debe estar en las páginas web de los organismos y debe estar además, de una forma comprensible y accesible”, subrayó.
Comentó que en Uruguay los datos de los expedientes penales no puedan ser públicos, como en Chile, por ejemplo. “No estemos a la defensiva hay que abrir nuestras mentes y tratemos de ser proactivos en la transparencia para defender y mejorar ubicaciones en los rankings internacionales”. “Los ciudadanos somos los jueces de todos y por eso lo que es público no nos es ajeno”. “Si uno sabe que todo es transparente y que está sometido al escrutinio del ciudadano se cuida más allá que los límites de la ética profesional y personal”, reflexionó Chediak.
Los restantes participantes del panel, Daniel Buquet, representante de la Universidad de la República; Felipe Rotondo, de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP); Pedro Cribari de Uruguay Transparente y el diputado Alejandro Sánchez, reflexionaron —en mayor o menor medida— sobre la importancia de preservar la calidad institucional y en especial la calidad de la democracia.
Buquet afirmó que Uruguay es un país que avanza en legislación moderna vinculada a estos temas pero advirtió que no solo con leyes se avanza en la calidad institucional, porque a las leyes hay que hacerlas cumplir. Por su parte, Felipe Rotondo afirmó que las leyes de protección de datos y de acceso a la información, deberían integrarse como políticas públicas para que sean conocidas por todos los ciudadanos. A su entender es necesario reforzar mecanismos de transparencia activa.
Pedro Cribari de Uruguay Transparente abogó por una cultura de la transparencia, y advirtió que Uruguay tiene como materia urgente identificar los vacios legales de su normativa y organizar debates al respecto. Asimismo, Alejandro Sánchez aseguró que desde el Parlamento se intenta que la ciudadanía perciba que las paredes del Palacio Legislativo “son de vidrio” para que se conozca lo que allí se hace.