Schelotto destacó vigencia de la ley nacional de vivienda, a medio siglo de su aprobación
La ley nacional de vivienda de 1968 incluyó definiciones que se usan actualmente, como el concepto de vivienda adecuada, el mínimo habitacional, la categorización de vivienda económica, media, confortable y suntuaria, el concepto de subsidio o las condiciones de repagos con base de afectación de los ingresos familiares, dijo Schelotto en el homenaje a Juan Pablo Terra, a 50 años de esa normativa.
El legado de Juan Pablo Terra fue un hito en la construcción de la política de vivienda, dijo Salvador Schelotto en su oratoria, este miércoles 21, en la conmemoración de los 50 años de la ley de vivienda, en el Palacio Legislativo. Terra consideraba que la planificación de la vivienda era parte de la planificación para el desarrollo de la economía y la sociedad. “El hecho de que hoy nos manejemos con planes quinquenales es un legado que viene mandatado desde ese momento, asociado a lo que una sociedad puede construir con pasos consistentes hacia el futuro”, puntualizó.
En el evento, con la participación de vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, el jerarca destacó que “Juan Pablo Terra puso arriba de la mesa una construcción proyectual, que no era una construcción de proyectos arquitectónicos, sino que creía en el desarrollo de la política de vivienda en el marco de una comunidad”.
Dijo que la definición de familia contenida en el artículo 7 de la ley se basó en estudios sociales que comparaban los censos de 1908 y 1963, que incorporaban las transformaciones de la sociedad uruguaya. “El trabajo de Terra lo llevó a comprender a la familia rural de una manera muy profunda, y a definir a la familia como el núcleo que convive en forma estable bajo un mismo techo, esté o no vinculado por lazos de parentesco”, explicó Schelotto, quien afirmó que esa normativa es sumamente operativa para implementar las políticas de vivienda de hoy.
“La gran innovación es la propiedad colectiva con cooperativas de usuarios, son una pieza de anticipación social que, a partir de la ley, sobre la base del movimiento sindical y de la clase trabajadora organizada, capitalizó al país de los años 1940, que había sustituido importaciones y generado una industria en Juan Lacaze, Colonia, Paysandú, Montevideo, con textiles y metalúrgicas, que habían generado una base organizativa y una conciencia colectiva junto a los trabajadores del sector público”, afirmó.
También mencionó que estaban presentes en la ley conceptos como la actualización a través de la unidades reajustables (UR) de los créditos, la determinación de construir el índice medio de salarios para calcular el valor de la unidad reajustable y, posteriormente, la determinación de que el Poder Ejecutivo debía elaborar el índice de costos.
La normativa reconoció la integración de organismos dentro del Ministerio de Vivienda, como la Dirección Nacional de Vivenda, la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco Hipotecario del Uruguay, en el marco de un andamiaje de institucionalidad política y de conceptos que concibió como una pieza central al sistema cooperativo. También Mevir, los programas especiales, como el Plan Juntos, que se creó en 2016, o el Programa de Mejoramiento de Barrios.
Hoy en día “estamos haciendo transiciones, no sin dificultades, de enfocar el derecho a la vivienda con la mirada del derecho a la ciudad, que se torna integral e intersectorial”, sostuvo.
Schelotto subrayó que “el derecho a la ciudad es un derecho a una vida urbana renovada y transformada, con el acceso a los bienes y los servicios tangibles e intangibles, culturales y materiales que hacen a la condición de ciudadanía. Es necesario incorporar nuevas miradas asociadas a conceptos de Juan Pablo Terra, como el déficit de ciudad, que tienen que ver con las nuevas modalidades de convivencia, la organización del trabajo y la tenencia de las viviendas”, concluyó.