Seguridad y convivencia se logran al bloquear circuitos de reproducción de subcultura de exclusión e ilegalidad
“Bloquear el circuito de reproducción de una subcultura de exclusión e ilegalidad es la tarea más importante para construir seguridad y convivencia en Uruguay”, señaló el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. “Además de seguir modernizando y profesionalizando a la Policía, necesitamos intervenir en forma contundente, con políticas sociales y urbanas, los enclaves territoriales desde donde se nutre el crimen”, agregó.

Es muy importante la función de los empresarios y trabajadores que participan del comercio, servicio y producción, pues aportan dinamismo, compromiso recursos y una mirada propia del tema, destacó Bonomi en su disertación en el foro organizado por la revista Somos Uruguay, que tituló “Seguridad y convivencia. Públicos y privados, la necesaria complementariedad”.
“La seguridad es un tema integral”, definió el ministro del Interior en la actividad realizada el miércoles 22, en la que participó junto con el presidente de la red de pagos y cobranzas Abitab, Roberto Palermo, y de su par de la empresa de transporte de pasajeros Cutcsa, Juan Salgado.
El jerarca reconoció que el Ministerio del Interior enfrenta problemas nuevos que necesitan políticas adaptadas y que es imperioso interrumpir el proceso por el cual las personas deciden volcarse a la delincuencia, por lo que es necesario implementar una nueva generación de políticas urbanas y sociales, como las que han logrado éxito desde 2005, pero adaptadas a la sociedad de hoy.
“Necesitamos preguntarnos y respondernos por qué, si la pobreza descendió 75 % y el desempleo 56 % en 12 años, no hemos podido bajar en proporción similar los delitos contra la propiedad”, advirtió. “No se puede decir que es por ineficiencia de la Policía, porque hoy hay más del doble de las personas privadas de libertad que en 2005, y cada año en promedio ingresan 4.500 personas a las cárceles, el 40 % de las cuales son primarios y jóvenes”, argumentó.
Prevención y represión
Según indicó el ministro, la secretaría que dirige actúa con políticas de prevención y represión del delito y, además, de cuando el proceso criminal se consuma. En ese sentido, ponderó la importancia del patrullaje y la tecnología para disuadir el crimen.
“Es imperioso interrumpir el proceso por el cual las personas deciden incorporarse a la delincuencia y la transforman en un valor y estilo de vida. Para eso, se necesita una nueva generación de políticas urbanas y sociales. Continuar en el proceso de construcción de una sociedad más integrada e igualitaria donde el trabajo y la solidaridad intergeneracional sean pilares fundamentales”, insistió.
Expresó que este año no hay un desempleo cercano a 20 % de los activos ni más de un millón de pobres, como se registraba antes de 2005.
“Abatimos la pobreza generalizada, pero nos enfrentamos a un núcleo duro de exclusión que es muy diferente en su composición demográfica, etaria y cultural que el existente en 2005, cuando 39 % de los 3,3 millones de uruguayos eran pobres”, enfatizó el jerarca, quien resaltó que hoy se registra el nivel más bajo de pobreza en Uruguay desde la recuperación de la democracia en 1985.
“Quienes aseguran que ha sido una década perdida, claramente desconocen la realidad”, enfatizó. “Hace 12 años, en Uruguay había más de un millón de pobres, mientras que en la actualidad hay 327.000 personas en esa situación”, abundó.
“El camino recorrido desde entonces es destacable, pero hay que hacer ajustes en el rumbo de las políticas para seguir cambiando, pues la pobreza tiene una fuerte concentración territorial y generacional”, puntualizó.
En ese sentido, detalló que el 55 % de los pobres de Uruguay residen en Montevideo y, si se suma su zona metropolitana, aumentan hasta casi el 65 %. De esos guarismos, el 90 % se compone de niños y adultos que viven con esos menores y más de la mitad se concentran en cuatro municipios de la periferia capitalina.
Exclusión e ilegalidad
“Bloquear ese circuito de reproducción de una subcultura de la exclusión y la ilegalidad es la tarea más importante para construir seguridad y convivencia en Uruguay”, señaló Bonomi. “Hay que ajustar miradas y políticas urbanas y sociales y el objetivo debe estar orientado a construir niveles de igualdad que nos permitan superar definitivamente la fractura social”, acotó.
“Hay en Uruguay una mayoría integrada y con niveles crecientes de bienestar y desarrollo que, aunque no es homogénea, comparte términos simbólicos y un relato de país que se estructura en valores vinculados a la cultura de trabajo, el respeto a las normas y educación”, explicó.
Sin embargo, agregó que existen enclaves claramente localizados en los que la exclusión es persistente, la subcultura criminal se retroalimenta con estructuras urbanas de pésima calidad y viviendas precarias, con alto nivel de hacinamiento y necesidades insatisfechas y donde predomina la vulnerabilidad económica y social.
“En esas zonas hay gente que integra grupos vinculados al crimen organizado, que amenazan a vecinos para que no denuncien, instalan comercios de fachada para la actividad delictiva y promocionan la incorporación de adolescentes a estructuras criminales con sentido de pertenencia”, detalló el ministro.
“La fractura social es un proceso de larga duración que es necesario revertir en profundidad”, indicó. “La ciudad, al perder heterogeneidad interna, favorece la implantación de incipientes guetos urbanos debido al deterioro del desarrollo de códigos comunes y vínculos de solidaridad social”, indicó.
Bonomi valoró: “Para mejorar la convivencia y la seguridad, además de seguir modernizando y profesionalizando a la Policía y su capacidad de respuesta, necesitamos intervenir en forma contundente los enclaves territoriales desde donde se nutre el crimen”. “Hay que ir al origen y generar un shock de ciudad e inclusión social, y por eso hablamos de una nueva generación de políticas urbanas y sociales”, complementó.