Políticas públicas

Titular de la JND: “Es un deber del país implementar la Ley de Alcohol” de 2019

Más de 273.000 uruguayos presentan consumo problemático de alcohol. En este marco, la Junta Nacional de Drogas (JND) trabajará en tres líneas de acción, indicó el titular del organismo, Gabriel Rossi: la implementación de la Ley de Alcohol aprobada en 2019, una campaña nacional de prevención y una formación para trabajadores de la salud sobre la temática.

Jornada 25 años de Políticas Públicas de Drogas en Uruguay

La Junta Nacional de Drogas (JND) desarrolló la jornada 25 Años de Políticas Públicas de Drogas en Uruguay, este viernes 26 en el auditorio del edificio anexo de Torre Ejecutiva. El encuentro sirvió para repasar los logros acumulados en un cuarto de siglo y continuar con la presentación de las políticas públicas en la materia, en la fecha que conmemora el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.

En la apertura, estuvieron presentes el secretario general de la JND, Gabriel Rossi; la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde; el subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, Joel Rodríguez, y el director del Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de política de drogas (Copolad), Borja Díaz Rivillas. El evento reunió también a autoridades nacionales, especialistas, organizaciones de la sociedad civil e integrantes del cuerpo diplomático.

Como parte de la jornada, fue inaugurada la muestra fotográfica Cartas a quien me mira, iniciativa desarrollada por el dispositivo Ciudadela del departamento de Flores, a partir de testimonios y cartas de personas que han padecido problemas por consumo de drogas.

Autoridades en 25 años de Políticas Públicas de Drogas en Uruguay

Alcohol, bebidas energéticas y psicodélicos

Rossi señaló como un desafío la implementación efectiva de la ley n.° 19.855, marco regulatorio para el consumo problemático de alcohol. Otra de las medidas que mencionó fue la campaña pública sobre la temática. Asimismo, adelantó que este año será implementado un proceso de formación a trabajadores y profesionales del primer nivel de atención, con la Intendencia de Montevideo.

En cuanto a la regulación de mercados, dijo que está previsto un trabajo técnico y de discusión parlamentaria respecto a la regulación de las bebidas energéticas. Del mismo modo, reflexionó sobre la pertinencia de debatir científicamente sobre la regulación de los psicodélicos y su incidencia controlada en la reducción de trastornos depresivos.

Un enfoque humanizante y atención a la exclusión

En tanto, la subsecretaria Gabriela Valverde destacó que la política pública de drogas forma parte del patrimonio democrático nacional. Asimismo, consideró que las personas en situación de calle y los privados de libertad conforman dos áreas de atención relevantes para el ministerio. 

En cuanto a la situación de calle, indicó que se requieren “intervenciones articuladas” con los organismos estatales, tal como determina el Plan Nacional de Seguridad. A tales efectos, se prevé la definición de “un sistema de prevención comunitaria en territorios priorizados”, con “intervenciones específicas para población con alta vulnerabilidad”. 

Sobre el sistema penitenciario, dijo que el ministerio desarrolla planes en la unidad de Punta de Rieles para la recuperación y reinserción social de personas privadas de libertad con consumos problemáticos.

Por su parte, el subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional mencionó los tres ejes de la respuesta frente al narcotráfico: las tareas de apoyo en zonas de frontera, la seguridad aeroportuaria y el control por parte de la Prefectura Nacional Naval.

Por último, Díaz Rivillas destacó que el país ha consolidado una política de Estado, caracterizada por una continuidad institucional que trasciende los cambios de gobierno. 

Entre los que calificó como los principales hitos en este cuarto de siglo, destacó el fortalecimiento de la JND y del Observatorio Uruguayo de Drogas, la incorporación de un enfoque integral que contempla la salud pública, los derechos humanos, la reducción de riesgos y daños y el uso de la evidencia científica.

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