Todos los jóvenes en rehabilitación del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente estudian
La cantidad de jóvenes remitidos al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente se redujo de 800 en 2015 a 500 en 2018 debido a las políticas sociales que llegan a la población más vulnerable, dijo su presidenta, Gabriela Fulco. La subsecretaria de Desarrollo Social, Ana Olivera, complementó que esos adolescentes, que cumplen medidas con y sin privación de libertad, cursan estudios con acompañamiento del organismo.
“Estamos en el momento en que tenemos la menor cantidad de menores de 18 años privados de libertad y en conflicto con la ley de la historia de Uruguay”, sostumo Olivera en la presentación del balance y perspectivas para una hoja de ruta 2020-2025, que realizó el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).
Olivera subrayó que los 500 adolescentes que cumplen medidas con y sin privación de libertad cursan estudios con acompañamiento de la institución, una meta quinquenal que se alcanzó en 2018. También destacó que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) respaldó las diferentes disposiciones “partiendo de la base de que la privación de libertad, tal cual lo plantea el Código de la Niñez y la Adolescencia, es la última medida”.
Por su parte, Fulco sostuvo que en 2015 se encontraban en el Inisa 800 jóvenes, todos privados de libertad, pero esa cifra se redujo a los 500 actuales “porque las políticas sociales que se están aplicando llegaron a los núcleos poblacionales vulnerables”.
“Se trabaja en prevención primaria y en salud mental porque los jóvenes llegan al sistema con mucho daño emocional y muy vinculados a la droga, lo que destroza y abre las puertas para llegar al delito”, situación a la cual se suma “la inserción al crimen organizado, que cada día capta a los menores de edad para determinados trabajos y luego son descartados”, explicó en referencia al trabajo en salud mental que se realiza en la institución.
"El Inisa es parte de la seguridad del país en el trabajo de prevención del delito y de la reincidencia de los adolescentes", estableció Fulco. En tal sentido, puntualizó que se debe seguir promoviendo que la privación de libertad sea el último recurso y que el fortalecimiento de medidas no privativas de libertad es parte del cambio de paradigma. También se mejoraron los protocolos en materia de salud y seguridad para garantizar que dichas áreas estén al servicio de la ejecución de las medidas privativas de libertad.
Agregó que la continuidad de la educación formal y no formal son el eje central del desarrollo de las medidas socioeducativas. También mantener y promover el diseño de planes individuales que potencien las capacidades personales de los adolescentes, incluyendo actividades culturales, recreativas y deportivas.
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