Universalizar cobertura y mejorar servicios públicos es la política social del Gobierno
Durante el XL Seminario Internacional de Presupuesto Público, el subdirector de Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Jerónimo Roca, realizó un balance del presupuesto que el Gobierno destina a la política social en Uruguay. Detalló que el énfasis continuará en educación, salud, vivienda y protección social, pero recordó que la ampliación de acciones en la agenda social significa un “estrés” en el presupuesto disponible.
Entre los días 3 y 7 de junio de 2013, en el Auditorio Nacional Adela Reta del Complejo del SODRE, se desarrolla el XL Seminario Internacional de Presupuesto Público. Autoridades y técnicos vinculados con la elaboración de los presupuestos públicos en diversos países, disertan allí sobre la planificación de los sistemas y procesos presupuestarios en América Latina y otras regiones.
Durante la apertura del seminario, el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Jerónimo Roca, señaló la importancia de que Uruguay sea sede de un evento de estas características.
Roca recordó que en los últimos siete años de ejecución, el presupuesto público del país se sitúa en los 24% del producto bruto interno (PBI), de los cuales 5.5% se utiliza en transferencias a la seguridad social para cubrir su déficit y 2.5% se pagan por intereses de la deuda. Por lo tanto, existen 8 puntos comprometidos en gastos inflexibles, lo que, indicó, otorga rigidez al presupuesto.
El subdirector expresó que el presupuesto disponible entonces es de 16 puntos. En relación al resto de los países de América Latina y el Caribe, consideró que Uruguay queda "a mitad de tabla", ya que las poblaciones de los demás países están menos envejecidas y en consecuencia no tienen un peso tan grande de la seguridad social.
Según Roca, el desafío al que se enfrenta Uruguay es lograr que "la agenda social, ambiciosa e impostergable", pueda ser concretada. También señaló que en los últimos años Uruguay logró éxito en el combate a la pobreza, la indigencia y la redistribución del ingreso. La política salarial, tributaria y las transferencias monetarias fueron los instrumentos que enumeró como utilizados para conseguir estos objetivos.
En este sentido, aclaró que no se debe confundir política social con transferencias monetarias, ya que éstas se deben utilizar sólo en situaciones de emergencia, para llegar al "núcleo duro de la pobreza", pero no representan a la política social adoptada por el Gobierno. "La política social de este Gobierno es extender la cobertura hasta la universalización y mejorar la calidad de los servicios públicos, tales como educación, salud y vivienda. Las transferencias monetarias fueron el primer paso en la situación de emergencia para llegar a los núcleos duros de pobreza", expresó.
También consideró que hay objetivos de las políticas sociales que, para ser concretados, generarán "estres" sobre el presupuesto disponible. En tal sentido nombró la educación, en donde existe consenso para que las escuelas de tiempo completo aumenten, pero explicó que extender a tiempo completo el 20% de las escuelas ubicadas en contextos socioculturales complejos implica 200 millones de dólares en infraestructura nueva y reacondicionar la existente, más 40 millones en salarios docentes. Esto implica un 10% más que el presupuesto que actualmente tiene Primaria para remuneraciones y tres veces más que las inversiones que actualmente realiza.
En relación a los niños del país, dijo que es necesario el énfasis en su crecimiento y formación. Al respecto resaltó al Programa Uruguay Crece Contigo, que atiende a madres y niños de 0 a 4 años en contextos críticos. De todas formas, reconoció necesario acompañar este programa con otras acciones que le brinden continuidad a este esfuerzo. En ese aspecto, dijo que se prevé universalizar la educación para los niños de 2 y 3 años.
Actualmente en niños de tres años sólo ¾ partes acceden a la educación, de los cuales el 95% pertenece a los dos quintiles de más altos ingresos, mientras que en los dos quintiles de más bajos ingresos sólo la mitad accede. "Por lo tanto, si el objetivo es universalizar la educación nos enfrentaremos a un nuevo estrés sobre el presupuesto disponible", indicó Roca.
En lo concerniente a vivienda, dijo que el déficit cuantitativo de viviendas es de 30.000 y destacó que solucionarlo implicaría que el presupuesto del Ministerio de Vivienda fuera un 30% superior al actual.
También recordó que Uruguay es uno de los países de América Latina que menos propietarios tiene. Para el 60% de los hogares que alquila vivienda, el alquiler implica el 30% de los ingresos del hogar.
Roca consideró que en el presupuesto existe un problema de asignación más que de nivel y que es imprescindible revisar la línea base de asignaciones para readecuar los presupuestos según la necesidad actual del país. Concluyó en que estos recursos serán insuficientes para asegurar la ambiciosa agenda social que Uruguay tiene por delante.