Consejo de DDHH de la ONU 
La audiencia en la que intervino Guerrero, al frente de la delegación oficial, correspondió a la segunda revisión del Examen Periódico Universal (EPU), el instrumento más importante con el que cuenta el Consejo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para examinar el respeto a los derechos humanos en distintas partes del mundo. La primera presentación de Uruguay fue en 2009.
En su alocución Guerrero identificó ocho grandes aspectos sobresalientes de las política públicas y los logros institucionales del país en las distintas categorías de derechos, tanto civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Destacó la reducción radical de la pobreza y la indigencia como uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de José Mujica, área en la que se registraron avances sustantivos, así como la implementación de políticas de equidad a través de las cuales se han eliminado múltiples discriminaciones originadas por razones de género, orientación sexual, motivos étnico-raciales o disparidades socio-económicas.
Luego de la exposición hicieron uso de la palabra 85 delegaciones de países miembros del foro mundial presentando sus comentarios, preguntas y recomendaciones hacia Uruguay. Esto representa el doble de las intervenciones que se realizaron en el marco de la primera revisión en 2009, reflejando una mayor visibilidad de este mecanismo y la calidad de la información presentada previamente por el Estado uruguayo.
En esas intervenciones, los países resaltaron el avance en áreas que habían sido objeto de atención en la revisión de 2009, como la situación en el sistema penitenciario, la débil institucionalidad en materia de derechos humanos, la insuficiencia de las políticas públicas para combatir la discriminación, así como la no ratificación de importantes convenciones internacionales.
En esta segunda oportunidad se valoraron los avances en cada una de estas áreas y el compromiso de Uruguay de proponer unilateralmente 44 medidas de profundización de esas políticas y medidas.
Tanto en la intervención inicial como en las respuestas brindadas por Uruguay a las delegaciones participantes se subrayaron los progresos obtenidos con la reforma carcelaria, al punto de que se habrá eliminado el hacinamiento en el primer semestre de este año.
El comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé, corroboró la existencia de una reforma penitenciaria en Uruguay que lleva más de ocho años y cuyos resultados en el plano de infraestructura y gestión ya son visibles.
Garcé destacó que la próxima eliminación del hacinamiento ocurrirá a pesar del aumento general del 45 % de la población privada de libertad desde 2006 a la fecha, incremento que en el caso de las mujeres llega al 75 %. Esto será posible gracias a la construcción o refacción de unas 4.000 plazas desde 2009.
La delegación uruguaya dio respuesta a preguntas relacionadas con la normativa nacional para combatir la trata de personas, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, los instrumentos existentes para enfrentar el flagelo de la violencia doméstica, la consagración del matrimonio igualitario y los derechos de salud sexual y reproductivo, la tutela de los derechos de las personas LGTBI, así como detalles de los alcances y resultados de las políticas sociales a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
También se respondieron preguntas relacionadas con la marcha de las investigaciones de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por la dictadura (1973-1985) y las medidas tomadas para que esos ilícitos de lesa humanidad puedan ser juzgados en el país.
La delegación encabezada por Guerrero se integró, además de Garcé, con el director general de Asuntos Políticos de la Cancillería, embajador Ricardo González Arenas, la representante permanente en Ginebra, embajadora Laura Dupuy, y el director de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, embajador Federico Perazza.
También estuvieron presentes la secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Graciela Jorge, el director de Políticas Sociales del Mides, Andrés Scagliola, la asesora penitenciaria del Ministerio del Interior, Gabriela Fulco, la diputada Daniela Payssé, el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Juan Raúl Ferreira, y la integrante del Consejo Directivo de esta entidad, Mirtha Guianze.
Garcé participó en su calidad de asesor independiente del Poder Legislativo en materia carcelaria.
Uruguay destacó avances en políticas públicas y en derechos ciudadanos
El fin del hacinamiento en el sistema carcelario, el fortalecimiento institucional y más y mejores derechos para la sociedad fueron el centro del informe presentado este miércoles 29, en Ginebra, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU por parte del secretario de la Presidencia de Uruguay, Homero Guerrero.
En su alocución Guerrero identificó ocho grandes aspectos sobresalientes de las política públicas y los logros institucionales del país en las distintas categorías de derechos, tanto civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Destacó la reducción radical de la pobreza y la indigencia como uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de José Mujica, área en la que se registraron avances sustantivos, así como la implementación de políticas de equidad a través de las cuales se han eliminado múltiples discriminaciones originadas por razones de género, orientación sexual, motivos étnico-raciales o disparidades socio-económicas.
Luego de la exposición hicieron uso de la palabra 85 delegaciones de países miembros del foro mundial presentando sus comentarios, preguntas y recomendaciones hacia Uruguay. Esto representa el doble de las intervenciones que se realizaron en el marco de la primera revisión en 2009, reflejando una mayor visibilidad de este mecanismo y la calidad de la información presentada previamente por el Estado uruguayo.
En esas intervenciones, los países resaltaron el avance en áreas que habían sido objeto de atención en la revisión de 2009, como la situación en el sistema penitenciario, la débil institucionalidad en materia de derechos humanos, la insuficiencia de las políticas públicas para combatir la discriminación, así como la no ratificación de importantes convenciones internacionales.
En esta segunda oportunidad se valoraron los avances en cada una de estas áreas y el compromiso de Uruguay de proponer unilateralmente 44 medidas de profundización de esas políticas y medidas.
Tanto en la intervención inicial como en las respuestas brindadas por Uruguay a las delegaciones participantes se subrayaron los progresos obtenidos con la reforma carcelaria, al punto de que se habrá eliminado el hacinamiento en el primer semestre de este año.
El comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé, corroboró la existencia de una reforma penitenciaria en Uruguay que lleva más de ocho años y cuyos resultados en el plano de infraestructura y gestión ya son visibles.
Garcé destacó que la próxima eliminación del hacinamiento ocurrirá a pesar del aumento general del 45 % de la población privada de libertad desde 2006 a la fecha, incremento que en el caso de las mujeres llega al 75 %. Esto será posible gracias a la construcción o refacción de unas 4.000 plazas desde 2009.
La delegación uruguaya dio respuesta a preguntas relacionadas con la normativa nacional para combatir la trata de personas, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, los instrumentos existentes para enfrentar el flagelo de la violencia doméstica, la consagración del matrimonio igualitario y los derechos de salud sexual y reproductivo, la tutela de los derechos de las personas LGTBI, así como detalles de los alcances y resultados de las políticas sociales a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
También se respondieron preguntas relacionadas con la marcha de las investigaciones de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por la dictadura (1973-1985) y las medidas tomadas para que esos ilícitos de lesa humanidad puedan ser juzgados en el país.
La delegación encabezada por Guerrero se integró, además de Garcé, con el director general de Asuntos Políticos de la Cancillería, embajador Ricardo González Arenas, la representante permanente en Ginebra, embajadora Laura Dupuy, y el director de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, embajador Federico Perazza.
También estuvieron presentes la secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Graciela Jorge, el director de Políticas Sociales del Mides, Andrés Scagliola, la asesora penitenciaria del Ministerio del Interior, Gabriela Fulco, la diputada Daniela Payssé, el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Juan Raúl Ferreira, y la integrante del Consejo Directivo de esta entidad, Mirtha Guianze.
Garcé participó en su calidad de asesor independiente del Poder Legislativo en materia carcelaria.