En Kenia

Uruguay participó en Asamblea de Naciones Unidas sobre Hábitat

La directora nacional de Ordenamiento Territorial, Paola Florio, reafirmó el compromiso de Uruguay con los objetivos de ONU-Hábitat, su participación activa en los abordajes regionales y la construcción de ciudades en las que sea posible vivir con dignidad y seguridad.

Florio en ONU-Hábitat

Durante su exposición en la Asamblea de las Naciones Unidas sobre Hábitat, los días 29 y el 30 de mayo, en Nairobi, Kenia, Florio valoró el papel del organismo internacional en el fomento del avance urbano inclusivo y sostenible, que prioriza la calidad de vida en los países en desarrollo. 

Destacó que, a pesar de que Uruguay es considerado como un país de economía de renta alta, por su ingreso per cápita, esta clasificación no refleja integralmente su realidad estructural y social.

En ese contexto, indicó que el país enfrenta, entre sus desafíos, la pobreza multidimensional, el déficit habitacional y dificultades para integrarse de forma plena en la economía global.

El bienestar y la sostenibilidad de las ciudades dependen de una planificación urbana adecuada, la construcción de viviendas seguras y dignas, y una gestión eficiente de los recursos naturales, advirtió.

Al respecto, señaló que las políticas de vivienda adecuada contribuyen a reducir la pobreza, generar empleo, enfrentar el cambio climático y acelerar la recuperación frente a las crisis.

Además, se refirió a los fenómenos extremos cada vez más frecuentes debido al cambio climático y advirtió que en Uruguay las lluvias intensas en cortos períodos provocan inundaciones que afectan, en especial, a las poblaciones más vulnerables.  Por ello, a juicio de la jerarca, se debe avanzar en procura de ciudades más inclusivas, seguras y resilientes.

“En este camino, las alianzas son clave. Las comunidades, el sistema financiero, los desarrolladores inmobiliarios y los gobiernos tienen un rol que desempeñar en esta materia", afirmó.

Asimismo, opinó que los estados miembro pueden fortalecer esta cooperación mediante marcos normativos adecuados, incentivos financieros y espacios de diálogo que promuevan la articulación entre actores públicos y privados.