Javier Miranda sobre derechos humanos 
Miranda participó en la última jornada del seminario de dos días titulado “El papel de los parlamentos y su contribución al mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas)”, que finalizó este miércoles en Montevideo.
El encuentro fue organizado por la Unión Interparlamentaria y la Asamblea General del Poder Legislativo de Uruguay, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Uruguay se presentó en enero a la segunda revisión del EPU en la sede del Consejo en Ginebra, con el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, al frente de la delegación oficial, instancia en la que fue reconocido por sus avances en políticas públicas y de derechos ciudadanos.
En su alocución en el foro, Miranda se refirió a este tipo de informes que cada país presenta ante organismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU u otros organismos de tratados.
Explicó que tiene tres etapas fundamentales que son la elaboración del informe del país y su presentación, luego el debate ante el consejo y, finalmente, el seguimiento de las observaciones y recomendaciones que se hacen en la presentación.
Elaboración de informe y participación de los poderes del Estado
El secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de Uruguay dijo que los informes recogen normas del derecho positivo adoptadas por el Estado en relación a las normas internacionales en la materia, narran las políticas que lleva adelante el Estado para la implementación de dichas normas y tienen un componente fundamental, que son los datos.
Con este contenido, la elaboración del “informe país” no puede quedar reducida al Poder Ejecutivo o a una secretaría de Estado, sostuvo. “Es fundamental la participación de otros actores, en particular, del Parlamento, tanto en lo normativo como en la elaboración de las políticas”, indicó.
Miranda recordó que los estados tienen agencias que sistematizan datos, como el Área de Gestión e Evaluación (AGEV) en Uruguay.
“Nuestros sistemas de información en general están pensados en términos de macroeconomía, como la medición del crecimiento del producto interno bruto (PIB), el déficit fiscal y otros, no en clave de derechos humanos”, apuntó.
El funcionario entiende que es necesario generar sistemas de información adecuados en nuestros países, lo cual implica la adopción de indicadores estructurales, de proceso y de resultado, que puedan dar cuenta del desarrollo de las políticas públicas en materia de derechos humanos.
“Es una forma de ir asumiendo paulatinamente que los informes que hacemos los estados a los organismos internacionales de derechos humanos son de los países y no solo de los poderes ejecutivos”, sostuvo.
Añadió que, si bien estamos al día en la presentación de los informes, debemos lograr la participación de todos los poderes del Estado, es decir también del Judicial.
“Ojalá el Poder Judicial concurra a los organismos internacionales a rendir cuentas”, planteó Miranda, quien cree que de esta forma el informe reflejará efectivamente la posición del país como un todo y no únicamente la de agencias especializadas en el trabajo de derechos humanos.
“Es necesario generar la institucionalidad adecuada para hacer el seguimiento de las observaciones y recomendaciones que emanan de los órganos de tratados, porque muchas de ellas tienen que ver, por ejemplo, con la actualización legislativa, es decir con el hecho de compatibilizar la legislación local con las normas internacionales de derechos humanos”, detalló.
Miranda aclaró que es el Estado el que rinde cuentas, por lo que no se debe confundir participación de la sociedad civil con consulta.
“Las organizaciones de la sociedad civil tienen el poder, el deber y el derecho de presentar informes alternativos, pues el del Estado no es consensuado con esas organizaciones, sino realizado en consulta, en diálogo y debate con ella. Mantengamos la independencia”, enfatizó.
La elaboración de los informes es “un pasar raya”, es decir “esto fue lo que hice en este período, veo lo hecho y lo que falta por hacer. Es una evaluación que permite la periodicidad de la planificación y el ajuste”, explicó.
Presentación del informe y debate ante los órganos
En el caso de la presentación del EPU, quienes lo reciben son los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, en tanto en los órganos de los tratados son expertos independientes especialistas en la materia.
“Seríamos tontos si no aprovecháramos la experiencia acumulada de estos expertos. Tenemos asistencia técnica y es gratuita. Hay que aprovechar esa instancia para corregir línea, recoger información, rectificar y solicitar cooperación internacional para reforzar las políticas nacionales en derechos humanos”, observó.
“No vamos a hacer los deberes. Vamos a rendir cuentas (accountability), a identificar los avances y las dificultades que hemos tenido en la implementación de las normas internacionales”, insistió.
Receptividad a las recomendaciones
Miranda explicó que este tema no se acaba con ir a Ginebra a presentar el informe. “Venimos con recomendaciones. Hay que darles seguimiento. Las recomendaciones coadyuvan a elaborar una agenda de política de DD.HH., pero no la marcan. La agenda define las políticas nacionales de los gobiernos”.
En este sentido, llamó a generar la institucionalidad necesaria para darle seguimiento a las recomendaciones. “De esta forma el ciclo se retroalimenta. En el próximo período de rendición de cuentas, de elaboración de informes, recogemos, reelaboramos, rectificamos rumbos y volvemos a convocar la deliberación pública para la construcción de esas políticas”.
Finalmente, Miranda recordó que a Uruguay le importan todos los temas que atraviesan los derechos humanos, con énfasis, siempre, en la igualdad.
“Las luchas de las democracias deben ser por la igualdad en derechos de toda la población. Nuestro país tiene una muy buena política social que superó situaciones de exclusión y distancia social”, puntualizó.
“12,5 % de la población uruguaya aún se encuentra por debajo de la línea de pobreza. El mayor desafío que tenemos es superar esa situación y tender a la igualdad. En todos los informes presentados se hizo hincapié en eso”, sentenció.
Uruguay presenta informes a ONU para rendir cuentas y mejorar, “no para hacer los deberes”
“Vamos a rendir cuentas, identificar los avances y dificultades que tuvimos en la implementación de las normas internacionales, no a hacer los deberes”, puntualizó el secretario de Derechos Humanos de la Presidencia, Javier Miranda, sobre el documento presentado por Uruguay al Consejo de la ONU. Insistió en la necesidad de contar con más participación de los tres poderes del Estado, ya que el informe no es solo del Ejecutivo.
El encuentro fue organizado por la Unión Interparlamentaria y la Asamblea General del Poder Legislativo de Uruguay, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Uruguay se presentó en enero a la segunda revisión del EPU en la sede del Consejo en Ginebra, con el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, al frente de la delegación oficial, instancia en la que fue reconocido por sus avances en políticas públicas y de derechos ciudadanos.
En su alocución en el foro, Miranda se refirió a este tipo de informes que cada país presenta ante organismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU u otros organismos de tratados.
Explicó que tiene tres etapas fundamentales que son la elaboración del informe del país y su presentación, luego el debate ante el consejo y, finalmente, el seguimiento de las observaciones y recomendaciones que se hacen en la presentación.
Elaboración de informe y participación de los poderes del Estado
El secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de Uruguay dijo que los informes recogen normas del derecho positivo adoptadas por el Estado en relación a las normas internacionales en la materia, narran las políticas que lleva adelante el Estado para la implementación de dichas normas y tienen un componente fundamental, que son los datos.
Con este contenido, la elaboración del “informe país” no puede quedar reducida al Poder Ejecutivo o a una secretaría de Estado, sostuvo. “Es fundamental la participación de otros actores, en particular, del Parlamento, tanto en lo normativo como en la elaboración de las políticas”, indicó.
Miranda recordó que los estados tienen agencias que sistematizan datos, como el Área de Gestión e Evaluación (AGEV) en Uruguay.
“Nuestros sistemas de información en general están pensados en términos de macroeconomía, como la medición del crecimiento del producto interno bruto (PIB), el déficit fiscal y otros, no en clave de derechos humanos”, apuntó.
El funcionario entiende que es necesario generar sistemas de información adecuados en nuestros países, lo cual implica la adopción de indicadores estructurales, de proceso y de resultado, que puedan dar cuenta del desarrollo de las políticas públicas en materia de derechos humanos.
“Es una forma de ir asumiendo paulatinamente que los informes que hacemos los estados a los organismos internacionales de derechos humanos son de los países y no solo de los poderes ejecutivos”, sostuvo.
Añadió que, si bien estamos al día en la presentación de los informes, debemos lograr la participación de todos los poderes del Estado, es decir también del Judicial.
“Ojalá el Poder Judicial concurra a los organismos internacionales a rendir cuentas”, planteó Miranda, quien cree que de esta forma el informe reflejará efectivamente la posición del país como un todo y no únicamente la de agencias especializadas en el trabajo de derechos humanos.
“Es necesario generar la institucionalidad adecuada para hacer el seguimiento de las observaciones y recomendaciones que emanan de los órganos de tratados, porque muchas de ellas tienen que ver, por ejemplo, con la actualización legislativa, es decir con el hecho de compatibilizar la legislación local con las normas internacionales de derechos humanos”, detalló.
Miranda aclaró que es el Estado el que rinde cuentas, por lo que no se debe confundir participación de la sociedad civil con consulta.
“Las organizaciones de la sociedad civil tienen el poder, el deber y el derecho de presentar informes alternativos, pues el del Estado no es consensuado con esas organizaciones, sino realizado en consulta, en diálogo y debate con ella. Mantengamos la independencia”, enfatizó.
La elaboración de los informes es “un pasar raya”, es decir “esto fue lo que hice en este período, veo lo hecho y lo que falta por hacer. Es una evaluación que permite la periodicidad de la planificación y el ajuste”, explicó.
Presentación del informe y debate ante los órganos
En el caso de la presentación del EPU, quienes lo reciben son los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, en tanto en los órganos de los tratados son expertos independientes especialistas en la materia.
“Seríamos tontos si no aprovecháramos la experiencia acumulada de estos expertos. Tenemos asistencia técnica y es gratuita. Hay que aprovechar esa instancia para corregir línea, recoger información, rectificar y solicitar cooperación internacional para reforzar las políticas nacionales en derechos humanos”, observó.
“No vamos a hacer los deberes. Vamos a rendir cuentas (accountability), a identificar los avances y las dificultades que hemos tenido en la implementación de las normas internacionales”, insistió.
Receptividad a las recomendaciones
Miranda explicó que este tema no se acaba con ir a Ginebra a presentar el informe. “Venimos con recomendaciones. Hay que darles seguimiento. Las recomendaciones coadyuvan a elaborar una agenda de política de DD.HH., pero no la marcan. La agenda define las políticas nacionales de los gobiernos”.
En este sentido, llamó a generar la institucionalidad necesaria para darle seguimiento a las recomendaciones. “De esta forma el ciclo se retroalimenta. En el próximo período de rendición de cuentas, de elaboración de informes, recogemos, reelaboramos, rectificamos rumbos y volvemos a convocar la deliberación pública para la construcción de esas políticas”.
Finalmente, Miranda recordó que a Uruguay le importan todos los temas que atraviesan los derechos humanos, con énfasis, siempre, en la igualdad.
“Las luchas de las democracias deben ser por la igualdad en derechos de toda la población. Nuestro país tiene una muy buena política social que superó situaciones de exclusión y distancia social”, puntualizó.
“12,5 % de la población uruguaya aún se encuentra por debajo de la línea de pobreza. El mayor desafío que tenemos es superar esa situación y tender a la igualdad. En todos los informes presentados se hizo hincapié en eso”, sentenció.