Uruguay transformó la intervención carcelaria de custodial a socioeducativa
“En seguridad carcelaria, Uruguay transita un profundo cambio de paradigma, al pasar de una intervención meramente de custodia a una socioeducativa”, dijo el director del Instituto de Rehabilitación, Crisoldo Caraballo. Para ello se adecuó la infraestructura edilicia, se aumentó el personal y está en marcha una estrategia que insta a cambiar el comportamiento de los 10.689 internos de las 29 Unidades Penitenciarias del país.
“Uruguay está a la vanguardia en gestión carcelaria con adopción de medidas para conformar políticas favorables, adopción de tecnologías, establecer sistemas de medición y evaluación, organizar estructuras, combatir la corrupción, habilitar líneas gratuitas para que la población denuncie y reúna datos precisos, confiables y comparables para la ejecución de estrategias”, detalló Caraballo, en el acto por los seis años del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
En la celebración, realizada este jueves 15 en la Torre de las Comunicaciones, Caraballo dijo que “ese proceso de transformación tiene un punto de atención en lo que requiere la privación de seguridad, para lo que se creó el INR con el propósito de gestionar de forma integral la ejecución de las medidas privativas de libertad y las alternativas a prisión y garantizar la ley penal en base a los derechos humanos”.
En la actividad también participaron el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el subsecretario de la cartera, Jorge Vázquez, el director general de Secretaría, Charles Carrera, la presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Gabriela Fulco, el equipo técnico y personal del Instituto de Rehabilitación así como representantes diplomáticos.
Actualmente hay 29 unidades penitenciarias que dependen directamente del INR y se encuentra en construcción la Unidad Nº 1 de Punta de Rieles, bajo el régimen de participación público privada. “Pionera en la materia, alojará a 1.800 internos, permitiendo terminar definitivamente con el hacinamiento”, aseguró.
Caraballo informó que hoy hay 10.689 personas privadas de libertad, cifra que ubica al país como uno de los porcentajes más altos cada 100.000 habitantes en América Latina. Esa cantidad genera problemas de convivencia que se refleja en los 16 homicidios en 2016.
“Número que nos preocupa y ocupa”, afirmó el jerarca.
Sobre la gestión del INR recordó que la profesionalización de todo el Instituto y en especial de las personas que trabajan dentro de las Unidades son factores cruciales para llevar adelante esta gestión.
“Lo primordial es el privado de libertad pero entendemos que, si hay personal capacitado y motivado, no cumpliremos con el rol de rehabilitación”, puntualizó.
“Estamos transitando un camino de profundo cambio de paradigma, donde pasamos de una intervención meramente custodial a una socioeducativa para lo cual debimos adecuar la edificación edilicia, con la suficiente cantidad de personal técnico preparado para ese efecto y con el cambio de conducta de los internos”, describió.
“No implica que no exista un orden, por lo contrario, buscamos que la disciplina se internalice y se adopte como una conducta propia del funcionario penitenciario, de manera que defienda sus derechos y que sean los primeros y cuidadosos guardianes de los derechos de los internos”, enfatizó.
“No nos tiembla el pulso cuando hay que disponer intervención de la justicia competente o tomar severas medidas disciplinarias ante hechos de corrupción detectado”, aseveró.
Caraballo destacó en otro tramo de su oratoria el diálogo permanente que mantiene con el sindicato policial, con operadores sanitarios, con la Asociación de Familiares Víctimas de la Delincuencia y con los propios funcionarios y con familias de privados de libertad.
El rol que cumple el Polo Industrial de Santiago Vázquez, sumado el ingreso de nuevos operadores, técnicos, profesionales y profesores de educación física fueron otros tópicos que describió el jerarca como esenciales” en el futuro del INR, apuntó.