Notable mejora en cuatro años 
Para alcanzar los logros obtenidos en la situación carcelaria, el Ministerio del Interior debió acentuar a partir de 2010 las políticas implementadas en el período anterior de gobierno, en particular en lo que hace al diseño presupuestal para poder dar el salto en cuanto a la construcción de nuevas plazas.
El sistema penitenciario uruguayo se encontraba muy deficitario, al punto que en 2005 había solo 100 plazas para 200 personas privadas de libertad. Luego de ingentes esfuerzos, se llegó a 2010 con una densidad del sistema penitenciario de 139 %, explicó Belarra.
Aclaró que ese era el promedio en el país, pues hay lugares que tienen índices mayores de relación y el ratio entre cantidad de plazas y personas recluidas es mayor aún. Pero ya hay muchos sitios en los que existen niveles adecuados y además son mayores las posibilidades de rotar las plazas.
Actualmente el promedio indica que en un lugar destinado a 100 personas conviven 106. De cualquier forma, ese indicador implica una disminución importantísima del hacinamiento penitenciario registrado hace una década y también considerable tomando los últimos cuatro años.
Belarra explicó a la Secretaría de Comunicación que este adelanto se logró a través de la construcción de 5.000 nuevas plazas en los últimos cuatro años.
Las obras se concretaron a través de licitaciones, convocándose a entidades públicas y privadas, y también por una iniciativa de la Subdirección Administrativa del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y las autoridades del Ministerio del Interior, que involucró a personas privadas de libertad para la construcción de lugares de alojamiento.
Sobre este último caso, Belarra destacó la importancia que reviste que las personas privadas de libertad realicen autoconstrucción de plazas. Esto es inédito en América Latina, sostuvo.
Agregó que la relación de la cantidad de plazas construidas y las existentes previamente podrían dar un número mayor a las que actualmente se computan.
Sobre ese particular, Belarra aclaró que esto no sucede dado que la administración ha tenido acierto de cerrar los lugares que no tenían condiciones mínimas para el alojamiento de una persona.
Se llegó a esa conclusión siguiendo los criterios emanados de disposiciones internacionales y las reglamentaciones respecto de los derechos humanos y las condiciones mínimas de alojamiento para las personas privadas de libertad, que es el eje de la reforma penitenciaria, apuntó.
Subrayó que la tarea para erradicar el hacinamiento es un proceso permanente, lleno de desafíos, que todavía falta para completar la creación de más plazas, para seguir ajustando, para seguir adecuando el ratio de densidad poblacional con respecto a los lugares que hay, lo cual repercutirá en la gestión del sistema.
Belarra informó, además, que para comienzos del año próximo se estima que estará disponible la nueva Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad Número 1.°, que se construirá con participación público-privada y contará con 1.960 plazas
De esas, 100 estarán destinadas a un centro de diagnostico de derivación e ingreso en la zona metropolitana de Montevideo, que hoy opera en lo que antes era la Cárcel Central, ubicada en la jefatura policial de la capital uruguaya.
Expresó que esta construcción está alineada con el proceso de reforma del sistema penitenciario que pretende fortalecer los mecanismos que permiten la inclusión de las personas privadas de libertad de la mejor forma posible.
Agregó que actualmente, al cierre del mes pasado en todo el sistema penitenciario nacional, se encuentran privadas de libertad 9.860 personas, y destacó que más del 90% están bajo la jurisdicción del Instituto Nacional de Rehabilitación.
Asimismo, subdirector técnico del INR explicó que el propósito del ministerio que encabeza Eduardo Bonomi es llegar a 100 plazas por 90 personas privadas de libertad, situación que podría alcanzarse con la inauguración de la Unidad N.º 1.
También, recordó que uno de los objetivos centrales de la reforma penitenciaria nacional es garantizar la dignidad en el trato del Estado hacia las personas con limitaciones ambulatorias, cumpliendo el rol de detención, sin desmedro de los derechos humanos.
En este sentido, expresó que la orientación de las políticas hacia un modelo que propenda a la eliminación del hacinamiento carcelario y a la mejora de la calidad de vida de las personas privadas de libertad ha sido trascendente para el proceso de rehabilitación.
Belarra subrayó que con esta hoja de ruta en esta administración se han recuperado y edificado, en muchos casos con el trabajo de los propios internos, 6.036 plazas, y se pretende llegar a 7.996.
Uruguay va camino a erradicar el hacinamiento carcelario
Mediante un trabajo sistemático de refacciones y construcción de nuevas plazas, el nivel de hacinamiento en los recintos penitenciarios de Uruguay se redujo sustancialmente en los últimos cuatro años. Se pasó de contar con 100 plazas para 139 personas privadas de libertad a 100 para 106, y la meta es que se llegue a 100 para 90 personas, indicó el subdirector técnico del Instituto Nacional de Rehabilitación, Gustavo Belarra.
El sistema penitenciario uruguayo se encontraba muy deficitario, al punto que en 2005 había solo 100 plazas para 200 personas privadas de libertad. Luego de ingentes esfuerzos, se llegó a 2010 con una densidad del sistema penitenciario de 139 %, explicó Belarra.
Aclaró que ese era el promedio en el país, pues hay lugares que tienen índices mayores de relación y el ratio entre cantidad de plazas y personas recluidas es mayor aún. Pero ya hay muchos sitios en los que existen niveles adecuados y además son mayores las posibilidades de rotar las plazas.
Actualmente el promedio indica que en un lugar destinado a 100 personas conviven 106. De cualquier forma, ese indicador implica una disminución importantísima del hacinamiento penitenciario registrado hace una década y también considerable tomando los últimos cuatro años.
Belarra explicó a la Secretaría de Comunicación que este adelanto se logró a través de la construcción de 5.000 nuevas plazas en los últimos cuatro años.
Las obras se concretaron a través de licitaciones, convocándose a entidades públicas y privadas, y también por una iniciativa de la Subdirección Administrativa del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y las autoridades del Ministerio del Interior, que involucró a personas privadas de libertad para la construcción de lugares de alojamiento.
Sobre este último caso, Belarra destacó la importancia que reviste que las personas privadas de libertad realicen autoconstrucción de plazas. Esto es inédito en América Latina, sostuvo.
Agregó que la relación de la cantidad de plazas construidas y las existentes previamente podrían dar un número mayor a las que actualmente se computan.
Sobre ese particular, Belarra aclaró que esto no sucede dado que la administración ha tenido acierto de cerrar los lugares que no tenían condiciones mínimas para el alojamiento de una persona.
Se llegó a esa conclusión siguiendo los criterios emanados de disposiciones internacionales y las reglamentaciones respecto de los derechos humanos y las condiciones mínimas de alojamiento para las personas privadas de libertad, que es el eje de la reforma penitenciaria, apuntó.
Subrayó que la tarea para erradicar el hacinamiento es un proceso permanente, lleno de desafíos, que todavía falta para completar la creación de más plazas, para seguir ajustando, para seguir adecuando el ratio de densidad poblacional con respecto a los lugares que hay, lo cual repercutirá en la gestión del sistema.
Belarra informó, además, que para comienzos del año próximo se estima que estará disponible la nueva Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad Número 1.°, que se construirá con participación público-privada y contará con 1.960 plazas
De esas, 100 estarán destinadas a un centro de diagnostico de derivación e ingreso en la zona metropolitana de Montevideo, que hoy opera en lo que antes era la Cárcel Central, ubicada en la jefatura policial de la capital uruguaya.
Expresó que esta construcción está alineada con el proceso de reforma del sistema penitenciario que pretende fortalecer los mecanismos que permiten la inclusión de las personas privadas de libertad de la mejor forma posible.
Agregó que actualmente, al cierre del mes pasado en todo el sistema penitenciario nacional, se encuentran privadas de libertad 9.860 personas, y destacó que más del 90% están bajo la jurisdicción del Instituto Nacional de Rehabilitación.
Asimismo, subdirector técnico del INR explicó que el propósito del ministerio que encabeza Eduardo Bonomi es llegar a 100 plazas por 90 personas privadas de libertad, situación que podría alcanzarse con la inauguración de la Unidad N.º 1.
También, recordó que uno de los objetivos centrales de la reforma penitenciaria nacional es garantizar la dignidad en el trato del Estado hacia las personas con limitaciones ambulatorias, cumpliendo el rol de detención, sin desmedro de los derechos humanos.
En este sentido, expresó que la orientación de las políticas hacia un modelo que propenda a la eliminación del hacinamiento carcelario y a la mejora de la calidad de vida de las personas privadas de libertad ha sido trascendente para el proceso de rehabilitación.
Belarra subrayó que con esta hoja de ruta en esta administración se han recuperado y edificado, en muchos casos con el trabajo de los propios internos, 6.036 plazas, y se pretende llegar a 7.996.