Derecho de las usuarias 
En rueda de prensa, luego del lanzamiento de la iniciativa “Verano Saludable” el miércoles 28 de diciembre, el ministro Venegas se refirió a la media sanción que obtuvo en la Cámara de Senadores el Proyecto de Ley de Despenalización del Aborto. Dijo que la interrupción del embarazo es un tema que está inserto dentro del programa de salud sexual y reproductiva.
Recordó que en su momento concurrieron —ministro y subsecretario— a la comisión de diputados y senadores para dar su posición sobre este tema y a la forma de brindar las respuestas adecuadas desde el punto de vista asistencial.
Venegas sostuvo que la media sanción es un avance sustancial, y que no hay que criminalizar el tema. ”Las mujeres tienen todo el derecho de interrumpir su embarazo siempre y cuando tengan la decisión propia de hacerlo. Hay que crear las condiciones desde el punto de vista de la salud”, reflexionó.
En este sentido dijo que los prestadores de salud deben tener los lugares adecuados para hacerlo. "El tema se viene debatiendo como aborto sí, aborto no, como ministro no voy a invocar ningún tema filosófico, pero tenemos el derecho y el deber de dar todas las condiciones a nuestras mujeres para la interrupción de un embarazo no deseado”, añadió.
Consultado por la eventual negativa de una institución prestadora de salud a realizar esta práctica —en caso de promulgarse la Ley—, Venegas aclaró que las prestaciones en salud sexual y reproductiva competen a todos los prestadores. “Los ciudadanos tienen el derecho y el prestador tiene el deber de atender estas situaciones”, agregó.
El jerarca se refirió a la cantidad de abortos que se practican anualmente. Aseguró que la cifra que se maneja de 30 mil es un subregistro. A su entender son muchos más, ya que la interrupción clandestina de un embarazo no se registra.
Garantías necesarias
La referente de Género del Ministerio de Salud Pública (MSP), Cristina Grela, aclaró que actualmente las mujeres no mueren a consecuencia de un aborto, ya que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva habilita su atención previa y posterior. De todas formas se termina obligando a la mujer a recurrir a métodos clandestinos en el mercado negro.
La jerarca entiende que no se puede permitir que la interrupción del embarazo se siga haciendo en las condiciones actuales. "Debe contar con las garantías sanitarias necesarias, aceptables y acogedoras para las mujeres que toman esa medida como último recurso", reflexionó.
“Para ninguna mujer es una decisión superficial, es una decisión profunda en la que pone en juego todos sus valores, sus relaciones de pareja, los hijos vivos y los que va a tener. Es trascendental y tremendo que lo tenga que vivir en soledad”, agregó.
También precisó su opinión de que en condiciones sanitarias justas, la mujer que aborta tendría compañía, analgésicos y la garantía de la correcta culminación del embarazo.
“Es una hipocresía, sostener un mercado negro y tener ilegal un trozo de ley que coloca en peligro a las mujeres; peligro psíquico, de sus familias y como compañera y esposa”, sostuvo.
Venegas: "Despenalización del aborto obliga a mutualistas a garantizar asistencia"
El ministro de Salud Pública, Jorge Venegas aseguró que de promulgarse en 2012 la Ley de Despenalización del Aborto, las instituciones que brindan servicios de salud tendrán la obligación de ejercer el procedimiento de interrupción de un embarazo no deseado. La referente de Género del MSP, Cristina Grela recordó que para una mujer el aborto no es una decisión superficial ya que pone en juego valores y sentimientos.
Recordó que en su momento concurrieron —ministro y subsecretario— a la comisión de diputados y senadores para dar su posición sobre este tema y a la forma de brindar las respuestas adecuadas desde el punto de vista asistencial.
Venegas sostuvo que la media sanción es un avance sustancial, y que no hay que criminalizar el tema. ”Las mujeres tienen todo el derecho de interrumpir su embarazo siempre y cuando tengan la decisión propia de hacerlo. Hay que crear las condiciones desde el punto de vista de la salud”, reflexionó.
En este sentido dijo que los prestadores de salud deben tener los lugares adecuados para hacerlo. "El tema se viene debatiendo como aborto sí, aborto no, como ministro no voy a invocar ningún tema filosófico, pero tenemos el derecho y el deber de dar todas las condiciones a nuestras mujeres para la interrupción de un embarazo no deseado”, añadió.
Consultado por la eventual negativa de una institución prestadora de salud a realizar esta práctica —en caso de promulgarse la Ley—, Venegas aclaró que las prestaciones en salud sexual y reproductiva competen a todos los prestadores. “Los ciudadanos tienen el derecho y el prestador tiene el deber de atender estas situaciones”, agregó.
El jerarca se refirió a la cantidad de abortos que se practican anualmente. Aseguró que la cifra que se maneja de 30 mil es un subregistro. A su entender son muchos más, ya que la interrupción clandestina de un embarazo no se registra.
Garantías necesarias
La referente de Género del Ministerio de Salud Pública (MSP), Cristina Grela, aclaró que actualmente las mujeres no mueren a consecuencia de un aborto, ya que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva habilita su atención previa y posterior. De todas formas se termina obligando a la mujer a recurrir a métodos clandestinos en el mercado negro.
La jerarca entiende que no se puede permitir que la interrupción del embarazo se siga haciendo en las condiciones actuales. "Debe contar con las garantías sanitarias necesarias, aceptables y acogedoras para las mujeres que toman esa medida como último recurso", reflexionó.
“Para ninguna mujer es una decisión superficial, es una decisión profunda en la que pone en juego todos sus valores, sus relaciones de pareja, los hijos vivos y los que va a tener. Es trascendental y tremendo que lo tenga que vivir en soledad”, agregó.
También precisó su opinión de que en condiciones sanitarias justas, la mujer que aborta tendría compañía, analgésicos y la garantía de la correcta culminación del embarazo.
“Es una hipocresía, sostener un mercado negro y tener ilegal un trozo de ley que coloca en peligro a las mujeres; peligro psíquico, de sus familias y como compañera y esposa”, sostuvo.