Discurso en la firma de declaraciones sobre libertad de expresión y prensa de la SIP
Transcripción
Señor vicepresidente de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), Carlos Jornet; señora presidenta del Comité Ejecutivo de la SIP, Gabriela Vivanco; señor presidente del Comité Legal, Martín Etchevers; señor Michael Greenspon, expresidente de la SIP, vicepresidente de New York Times; señor Danilo Arbilla, expresidente de la SIP y periodista uruguayo, estimadas amigas y amigos periodistas:
Como presidente de la República Oriental del Uruguay, es un gran honor y una responsabilidad enorme añadir nuestra firma a la Declaración de Chapultepec sobre Libertad de Prensa y a la Declaración de Salta sobre Derechos Digitales, ambas impulsadas por la Sociedad Interamericana de Prensa.
Créanme que no lo hacemos como un saludo a la bandera. Lo hacemos porque el Uruguay, como tal, su sociedad, sus medios de comunicación, sus periodistas y sus representantes políticos creemos (en) y defendemos con firmeza el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Lo entendemos como una garantía indiscutible para la existencia misma de una sociedad democrática.
La Declaración de Chapultepec, adoptada en 1994, constituye una referencia fundamental a nivel regional para proteger las libertades de prensa y expresión. Este presidente, este Gobierno y la sociedad uruguaya se identifican con los diez principios que contiene esta declaración. Se trata de recomendaciones muy claras para prevenir la censura y el abuso de autoridad contra medios y periodistas.
Nos recuerdan, además, que estos derechos incluyen la protección de las fuentes periodísticas, la transparencia en la gestión y el derecho que tiene la sociedad al acceso a la información pública. Son principios que han sido consagrados y garantizados tanto en nuestras normas constitucionales y legales como en la práctica cotidiana en el ejercicio gobierno. También han sido recogidos por decisiones de nuestra Justicia, cuando le ha tocado resolver temas vinculados con estas libertades.
Del mismo modo, saludamos la adopción, en el 2018, de la Declaración de Salta, actualizada en el 24, que establece una serie de garantías destinadas a proteger estas mismas libertades en el entorno digital y que aborda el desafío que supone la inteligencia artificial para los medios de comunicación y el futuro de la democracia.
Estos derechos vienen siendo consagrados desde las declaraciones de independencia del siglo XVIII y XIX hasta nuestros días, pero requieren, sin duda, una actualización que permita resolver los dilemas que presentan las nuevas formas de censura digital o el acoso que puede llevarse adelante a través de algoritmos y campañas de desprestigio digitales. En mi vida pública, he sido un convencido defensor de las libertades fundamentales, el diálogo y los valores republicanos.
Como lo subrayé al asumir la presidencia de la República, el primero de marzo del 2025, los uruguayos creemos profundamente en el valor de la libertad, sin por ello tener que sacrificar la búsqueda de mejores condiciones e igualdad de oportunidades para nuestros habitantes. Estoy convencido de que no son nociones contrapuestas, sino necesariamente complementarias.
Creo también que los países no se refundan cada cinco años y que, como país, somos más robustos y confiables cuando apostamos a la acumulación positiva en todos sus órdenes. Por eso, al celebrar el año pasado los 40 años del retorno a la democracia, todos los presidentes coincidimos en resaltar que nos une el respeto a las libertades fundamentales y que el debate público no debe transformarse en un espacio para difundir ataques personales, falsedades deliberadas o desacreditar a quienes piensan distinto a uno.
Es bueno reconocer que, desde el retorno a la democracia, cada gobierno democrático ha aportado lo suyo para afianzar las libertades y la democracia. Desde la modificación de la ley de prensa de la dictadura, aprobada durante el primer gobierno del doctor (Julio María) Sanguinetti, pasando por la ley que limitó el uso de los delitos de difamación para atacar a la prensa, aprobada durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez o la aprobación por consenso de todos los partidos políticos de nuestra primera ley de acceso a la información pública. Por supuesto, la construcción de la democracia nunca está culminada, y en esta nueva era de la comunicación surgen nuevos desafíos vinculados a las plataformas de internet, donde hoy circula de todo.
No obstante, en nuestro país tenemos una coincidencia fundamental: para resolver discusiones que tocan derechos fundamentales, siempre debe tomar parte el Poder Legislativo. Al firmar estas dos declaraciones, me comprometo a respetar los principios que ellas contienen.
Asimismo, quiero adelantar nuestro compromiso con la protección de las y los periodistas frente a las amenazas del crimen organizado y a toda forma de violencia, para lo cual vamos a prestar especial atención a este tipo de amenazas de cara al nuevo Plan Nacional de Seguridad que estamos comenzando a implementar en estos días.
Para concluir, deseo dejar un canal abierto con las autoridades de la SIP para recibir sus consultas y sugerencias ante cualquier asunto vinculado con estas libertades, que surjan, aquí en Uruguay o en el continente, en el marco de la tarea encomiable que les reconocemos como vigilantes de la situación de la libertad de prensa en las Américas.
Muchas gracias.