Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua

Uruguay ha logrado algo que pocos países pueden exhibir con tanto orgullo: transformar de manera estructural su matriz eléctrica hacia un modelo casi completamente renovable. Detrás de esta transición se encuentra una visión de Estado, una coordinación institucional sólida y un marco regulatorio que permitió conjugar inversión, innovación y sostenibilidad.

Con una cobertura eléctrica que alcanza prácticamente al 100% del territorio -99,9% en zonas urbanas y 99,8% en áreas rurales-, el país abastece a más de 1,6 millones de usuarios. En 2024, la demanda eléctrica fue de 12.145 GWh, con un consumo per cápita de 3.798 kWh/habitante.

Este presente no se explica sin un pasado de desafíos: Uruguay dependía en exceso del petróleo, sin reservas propias de hidrocarburos, con una capacidad hidráulica cercana a su límite y una vulnerabilidad energética que condicionaba su desarrollo.

Una transformación institucional y regulatoria

El cambio comenzó a gestarse con una decisión política firme: definir una Política Energética de Largo Plazo, aprobada en 2008 y ratificada como Política de Estado en 2010. A partir de entonces, el país adoptó una mirada integral, que incorporó dimensiones tecnológicas, económicas, ambientales, éticas y sociales.

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) jugó un papel clave. Creada por la Ley N.º 17.598, y consolidada como servicio descentralizado a partir de la Ley N.º 18.889. La institución reforzó su independencia técnica, administrativa y financiera. Su misión es “Regular, fiscalizar y asesorar en los sectores de energía y agua para que la población tenga acceso a productos y servicios sustentables con niveles adecuados de seguridad, calidad y precios; así como defender al consumidor y promover la competencia”.

En esta arquitectura institucional también confluyen otros actores esenciales:
el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), encargado de diseñar y conducir la política; la Administración del Mercado Eléctrico (ADME), responsable del despacho de cargas; la UTE, empresa estatal de generación, transmisión y distribución que funcionó como brazo ejecutor de la política energética; y los agentes privados, que encontraron un entorno estable para invertir y desarrollar proyectos de gran escala.

El marco regulatorio como motor del cambio

La claridad normativa fue el cimiento sobre el cual se construyó la transformación. La Ley N.º 16.832 de 1997 sentó las bases de la libre iniciativa en la generación eléctrica, permitiendo la participación del sector privado en un área hasta entonces reservada al Estado.

En 2006, el Decreto 77/006 marcó el inicio de la nueva etapa: autorizó a UTE a contratar hasta 60 MW de potencia proveniente de fuentes renovables (eólica, biomasa y pequeñas hidroeléctricas) y definió un esquema que aseguraba la neutralidad económica de la empresa estatal. Por primera vez, los inversores privados pudieron participar en condiciones transparentes y predecibles, con la posibilidad de celebrar contratos de compra de energía a largo plazo (PPA).

A partir de este primer decreto, y durante los siguientes años, se emitieron otros decretos adicionales , aumentando la potencia instalada e incorporando la fuente fotovoltaica. Así mismo, con la promulgación de la Ley 18.585 -Declaración de Interés nacional. Investigación, desarrollo y formación en el uso de la Energía Solar Térmica- se impulsó el desarrollo de las energía solar térmica.

Por otro lado, el Decreto 173/010 abrió la puerta a la microgeneración, permitiendo que hogares y pequeñas empresas generaran su propia energía a partir de fuentes renovables y volcaran los excedentes a la red eléctrica nacional. Esa medida fue un hito democratizador de la transición energética: convirtió a los consumidores en actores activos del sistema.

Los avances normativos continuaron. En 2023, nuevos decretos actualizaron el marco técnico y tarifario de los usuarios con generación distribuida, incorporando mejoras en la definición de “suscriptor” e integrando el reconocimiento oficial de la potencia firme de las renovables no convencionales. El resultado fue un entorno regulatorio dinámico, adaptable y con visión de futuro.

Un desarrollo diversificado y sostenido

Cada fuente renovable encontró su camino dentro de la matriz energética uruguaya.
El viento fue protagonista de la primera gran ola de expansión. Con el Programa de Energía Eólica en Uruguay (PEEU) lanzado en 2007, y los decretos de 2009 y 2011 que habilitaron licitaciones por cientos de megavatios, el país consolidó una capacidad eólica que hoy es referencia mundial. Los contratos de largo plazo con UTE garantizaron estabilidad a los inversores y transformaron a Uruguay en uno de los líderes regionales en generación eólica.

La energía solar fotovoltaica siguió un camino similar. Tras el desarrollo del Mapa Solar Nacional en 2010, se pasó rápidamente de instalaciones aisladas a plantas de gran escala, acompañadas por licitaciones públicas y normativa para la incorporación de sistemas de almacenamiento.

La biomasa y la energía hidráulica complementaron el proceso. El aprovechamiento de residuos agrícolas y forestales permitió diversificar aún más la matriz, mientras que la generación hidráulica se orientó a proyectos de menor impacto, adaptados a las condiciones locales.

En paralelo, los biocombustibles ampliaron su participación con la Ley 18.195 de 2007, que estableció metas de mezcla obligatorias y fomentó la producción nacional, alcanzando niveles actuales de 9% de etanol y 7% de biodiésel.

Finalmente, el hidrógeno verde surge como el nuevo horizonte. Con el Programa H2U (Resolución 294/022), el país busca aprovechar su matriz 100% renovable para producir y exportar combustibles limpios. Los proyectos piloto cuentan con incentivos como la bonificación del 50% en cargos de red (Decreto 22/023) y el reciente Reglamento de Seguridad de Proyectos de Hidrógeno aprobado por Ursea en 2024, que garantiza el cumplimiento de los más altos estándares técnicos y ambientales.

Impacto y consolidación del modelo

El impacto de esta política energética es tangible. En 1965, Uruguay contaba con una potencia instalada de apenas 394 MW; en 2024, esa cifra se multiplicó por más de trece, alcanzando 5.299 MW. En el mismo período, la generación anual pasó de 1.715 GWh a 17.204 GWh.

El sistema eléctrico nacional es hoy robusto, moderno y flexible. En determinadas jornadas, la generación renovable logra cubrir la totalidad de la demanda interna, exportando excedentes a los países vecinos. La infraestructura de transmisión, incluyendo la red de 500 kV, acompaña esta transformación, garantizando la estabilidad y la calidad del servicio.

Reflexiones y desafíos hacia el futuro

La experiencia uruguaya demuestra que la transición energética es posible cuando convergen visión política, estabilidad regulatoria y participación social. Uruguay logró combinar la eficiencia técnica con la sostenibilidad ambiental, transformando una vulnerabilidad en una ventaja competitiva.

Sin embargo, los desafíos de la segunda transición energética ya están sobre la mesa. Será necesario fortalecer el rol regulador de Ursea frente a nuevas tecnologías, desarrollar soluciones de almacenamiento energético, avanzar en la gestión inteligente de la demanda, fomentar la movilidad eléctrica, y consolidar la exportación planificada de excedentes.

El hidrógeno verde, las baterías, la digitalización y los mercados regionales serán los nuevos ejes de trabajo. En todos ellos, Ursea seguirá desempeñando su función esencial: garantizar la seguridad, la calidad y la transparencia del sistema, promoviendo un uso responsable y sostenible de la energía en beneficio de toda la ciudadanía.