Declaración de Montevideo 
El fiscal de Corte y procurador general de Uruguay, Jorge Díaz, y representantes de varios países participaron en una conferencia de prensa, en la que comunicaron los resultados obtenidos en la XXII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), que se desarrolló el jueves y este viernes en Montevideo.
Díaz dijo que los ejes principales en los que trabajó la AIAMP fueron los sugeridos por Uruguay y son autonomía de los ministerios públicos y la reforma del proceso penal.
"Uruguay es el único país de América Latina en el que el Ministerio Público es parte del Poder Ejecutivo. En el resto de la región fue constituido como un organismo autónomo y autárquico, separado del poder político", aseguró.
Recordó además que esta autonomía implica una nueva ubicación institucional del Ministerio Público y garantías de que la investigación que desarrollen los fiscales no esté influenciada.
La llamada Declaración de Montevideo resalto la autonomía del ministerio público pues es una independencia fundamental para el mantenimiento del orden jurídico democrático, la defensa de los derechos humanos y el combate contra la corrupción y al crimen organizado en sus diversas modalidades. Favorece además, la definición de una política criminal democrática enfocada en la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos de víctimas y acusados.
Reforma procesal penal
La XXII Asamblea de la AIAMP apoya en su declaración la reforma del proceso penal que encara Uruguay. “Es un mensaje de apoyo y respeto al proceso que realiza el parlamento nacional”, aclaró el fiscal de Corte.
Con respecto al proyecto de ley, explicó que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores y que se espera que la Cámara de Representantes lo apruebe en esta legislatura.
En relación a la autonomía del Ministerio Público y la reforma del proceso penal, Díaz sostuvo que es necesario asegurar la independencia y la autonomía de los fiscales.
"La reforma permitirá reconocer a las víctimas, que hoy son los grandes olvidados del proceso penal", reconoció Díaz. “El proceso penal toma a las víctimas como objeto de prueba y no como sujeto de derecho. Las olvida y las ignora”, aseguró.
En Uruguay, 64 % de las personas privadas de libertad no tienen sentencia. “Son constitucional y jurídicamente inocentes y pese a ello están presos”, denunció Díaz.
Agregó que el país tiene uno de los índices de personas privadas de libertad más altos de América Latina en relación a su población. Hay 300 personas recluidas cada 100.000 habitantes.
“Esta es una reforma necesaria, desde el punto de vista de las víctimas, de los presuntos victimarios y de la eficiencia. El mundo entero va en esta dirección”, concluyó el entrevistado.
Por otra parte, el procurador general de Brasil y presidente de la AIAMP, Rodrigo Janot Monteiro, renunció a su cargo, previo a la conferencia de prensa.
En su lugar, asumió en forma interina, el procurador general de Costa Rica y secretario general de la Asamblea, Jorge Chavarría Guzmán.
Asamblea Iberoamericana de Ministerios Públicos apoya reforma del proceso penal en Uruguay
“La autonomía de los fiscales es fundamental para el mantenimiento del orden jurídico democrático, la defensa de los derechos humanos y el combate a la corrupción y al crimen organizado”, señala la declaración de cierre de la XXII Asamblea Iberoamericana de Ministerios Públicos que finalizó este viernes en Montevideo. En el documento también consta el apoyo a la reforma del proceso penal que realiza Uruguay.
Díaz dijo que los ejes principales en los que trabajó la AIAMP fueron los sugeridos por Uruguay y son autonomía de los ministerios públicos y la reforma del proceso penal.
"Uruguay es el único país de América Latina en el que el Ministerio Público es parte del Poder Ejecutivo. En el resto de la región fue constituido como un organismo autónomo y autárquico, separado del poder político", aseguró.
Recordó además que esta autonomía implica una nueva ubicación institucional del Ministerio Público y garantías de que la investigación que desarrollen los fiscales no esté influenciada.
La llamada Declaración de Montevideo resalto la autonomía del ministerio público pues es una independencia fundamental para el mantenimiento del orden jurídico democrático, la defensa de los derechos humanos y el combate contra la corrupción y al crimen organizado en sus diversas modalidades. Favorece además, la definición de una política criminal democrática enfocada en la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos de víctimas y acusados.
Reforma procesal penal
La XXII Asamblea de la AIAMP apoya en su declaración la reforma del proceso penal que encara Uruguay. “Es un mensaje de apoyo y respeto al proceso que realiza el parlamento nacional”, aclaró el fiscal de Corte.
Con respecto al proyecto de ley, explicó que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores y que se espera que la Cámara de Representantes lo apruebe en esta legislatura.
En relación a la autonomía del Ministerio Público y la reforma del proceso penal, Díaz sostuvo que es necesario asegurar la independencia y la autonomía de los fiscales.
"La reforma permitirá reconocer a las víctimas, que hoy son los grandes olvidados del proceso penal", reconoció Díaz. “El proceso penal toma a las víctimas como objeto de prueba y no como sujeto de derecho. Las olvida y las ignora”, aseguró.
En Uruguay, 64 % de las personas privadas de libertad no tienen sentencia. “Son constitucional y jurídicamente inocentes y pese a ello están presos”, denunció Díaz.
Agregó que el país tiene uno de los índices de personas privadas de libertad más altos de América Latina en relación a su población. Hay 300 personas recluidas cada 100.000 habitantes.
“Esta es una reforma necesaria, desde el punto de vista de las víctimas, de los presuntos victimarios y de la eficiencia. El mundo entero va en esta dirección”, concluyó el entrevistado.
Por otra parte, el procurador general de Brasil y presidente de la AIAMP, Rodrigo Janot Monteiro, renunció a su cargo, previo a la conferencia de prensa.
En su lugar, asumió en forma interina, el procurador general de Costa Rica y secretario general de la Asamblea, Jorge Chavarría Guzmán.