Departamento de Género del Instituto Nacional de Rehabilitación impulsa desarrollo de deportes, trabajo y estudio en cárceles
“La población del Instituto Nacional de Rehabilitación está compuesta por 10.249 personas, 549 de ellas son mujeres”, precisó la representante del Departamento de Género y Diversidad del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Paula Lacaño. Información, promoción del deporte, diversificación de las actividades laborales y fomento del estudio son actividades que se están llevando a cabo en el sistema penitenciario.
“La población del Instituto Nacional de Rehabilitación está compuesta por 10.249 personas, 549 son mujeres de las que el 27 % está recluida por delitos de droga y los varones en un 9,5 %. En cuanto a delitos contra la propiedad 6 de cada 10 varones está preso por ese motivo y las mujeres cuatro de cada 10”, expresó Lacaño.
La representante del INR habló en el panel “Implicancias sociales y trascendencia de la privación de libertad de mujeres por delitos de drogas” – Aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad, en el marco del Seminario internacional: “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento”, que se desarrolló está jornada en la Sala de Actos Reinaldo Gargano del Ministerio de Relaciones Exteriores.
También precisó que por nacionalidad, el 4 % son mujeres inmigrantes y un 2 % varones extranjeros.En ese sentido, afirmó que las mujeres migrantes constituyen otra de las preocupaciones del sistema penitenciario y se están generando mecanismos desde la sociedad civil y con otras instituciones como para realizar un abordaje integral.
De las mujeres extranjeras que son de Latinoamérica (Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Venezuela, España y Serbia), 7 de cada 10 están recluidas por delitos asociados a las drogas, explicó.
“El número de mujeres en cárcel es bajo pero eso no significa que no sean visibles, al contrario desde el Departamento de Género del INR pensamos que ya que son pocas se deben hacer políticas específicas para ellas y para todas las poblaciones más vulnerables del sistema”.
La técnica dijo que la experiencia de trabajo indica que hay mucha violencia sobre las mujeres uruguayas y las migrantes que están privadas de libertad. Desde la Convención de Belém do Pará que define a la violencia contra la mujer se generaron instrumentos internacionales. “En ese sentido, muchas de ellas entraron al mundo de la droga por amenazas de parejas o familiares, situación que está contemplada como violencia”.
En cuanto a la franja de edades y delitos, dijo que la cantidad más numerosa está ubicada entre los 31 y 40 años con un 31 %; de 41 a 50 años un 20, 5 % y el resto de la población se ubica entre 26 y 30 años.
Lacaño dijo que una de las causas de los delitos son las dificultades para acceder al mercado de trabajo y tener que hacer algo para sobrevivir. En cuanto a las desigualdades en el ámbito de la privación de libertad el impacto es diferente para mujeres y varones con respecto al núcleo familiar, los hijos o en el tema de las visitas a las cárceles donde hay una supremacía de mujeres visitando unidades de hombres y mujeres. "Son las mujeres las que más visitan y las que menos visitas reciben de sus familiares al estar privadas de libertad".
Diversificación del trabajo
Otra de las desigualdades a las que se refirió la técnica fue la oferta laboral durante la privación de libertad “que está muy sesgada con respecto a la división sexual del trabajo donde los hombres hacen tareas de construcción y las mujeres cosen”.
Agregó que está situación ha comenzado a cambiar con el trabajo que se está haciendo con la creación en el INR de un polo industrial femenino donde se llevan a cabo actividades productivas y talleres de vestimenta industrial. Asimismo hizo referencia hay que mucho por hacer, sobre todo en el interior del país, donde siempre se ubica a las mujeres en tareas de limpieza o cocina.
Otra de las dificultades señalas por Lacaño es la atención en salud en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos y el alto consumo de medicamentos, que igualmente es más bajo que en los hombres.
“Las mujeres siempre estaban relegadas en los alojamientos carcelarios”. En tal sentido dijo que esa situación comenzó a cambiar por obras en los edificios.
También hizo referencia a la discriminación hacia las minorías sexuales por entidad de género que estaban alojadas en sectores de delitos sexuales. “En el tema de las desigualdades, el INR incorporó la mirada de género y creó en agosto de este año un Departamento de Género y Diversidad, que está cumpliendo gestiones y dando visibilidad al tema y generando un camino”.
Hay programas socioeducativos para mujeres y varones, destacó. Entre los proyectos de inclusión describió el que participan las mujeres que están en condiciones de máxima seguridad donde se trabaja en temas de violencia y estereotipos de género, derechos sexuales y reproductivos, inequidad y orientación sexual y las diferentes formas de ser mujeres y en la búsqueda de alternativas para el egreso.
También desarrollan programas para la población trans, un total de 16 personas en todo el país, que estaban alojadas en delitos sexuales y de 2014 pasaron a tener un lugar más digno de alojamiento para estar en privación de libertad. “Ahora esa población está trabajando y estudiando, antes estaban totalmente sin visibilidad”. Agregó que también gestionaron el tema de la hormonización, tratamientos que se cortaban cuando estaban con privación de libertad, situación que ahora no ocurre más porque el INR está en contacto con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
Promoción del deporte
Otra de las líneas de trabajo es la promoción del deporte como una forma de inclusión. “Estamos recorriendo todas las unidades penitenciarias fomentando el acceso al deporte a las mujeres, que tenían muy poco acceso. Hay un programa con la sociedad civil y el Comité Olímpico Alemán que se llama "Ellas juegan" que se aplica en todas las unidades penitenciarias y que brinda un mensaje en contra de la violencia.
Otra línea de trabajo es el acceso a la información, dijo Lacaño, como por ejemplo, que cuando llegan al séptimo mes de embarazo tienen derecho a la prisión domiciliaria, que es una obligación que la unidad penitenciaria informe, además del abogado defensor.
Además señaló que el Departamento de Género trabaja con población privada de libertad y con funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación y en cada unidad hay referentes de género que se están formando.