Diego Cánepa: “Todas las sustancias que dañan la salud deben tener regulación estricta”
La Junta Nacional de Drogas firmó este martes un acuerdo para el abordaje integral del uso de drogas legales e ilegales con las empresas públicas ANTEL, OSE, ANP, BSE, UTE, ANCAP, BPS, BROU y el Correo. Durante el evento, el presidente de la JND, Diego Cánepa, sostuvo que el Gobierno está convencido de que todas las sustancias que dañan la salud deben tener una regulación estricta.
La firma fue efectuada por el prosecretario de la Presidencia y presidente de la Junta Nacional de Drogas(JND), Diego Cánepa, el secretario general de la JND, Julio Calzada, y los presidentes de las empresas públicas involucradas. Por ANTEL, firmó su presidenta, Carolina Cosse; por ANCAP, Raúl Sendic; por el Banco de Seguros del Estado (BSE), Mario Castro; por UTE, Gonzalo Casaravilla; por el Banco de Previsión Social (BPS), Ernesto Murro; por el Correo, José Luis Juárez, por el Banco de la República (BROU), el vicepresidente Danilo Vázquez; por la Administración Nacional de Puertos (ANP), su vicepresidente, Juan Domínguez, y por OSE, el secretario general, Gustavo Pérez.
También estuvieron presentes el vicepresidente de OSE, Daoiz Uriarte, la directora de UTE, Cristina Arca, y el director del Correo, Julio Silveira.
Tras la firma del acuerdo en la Torre Ejecutiva, Cánepa destacó el trabajo de las empresas del Estado en base a la responsabilidad social empresarial y en políticas públicas comunes. “No podríamos tener, en Uruguay, el avance que hemos tenido en los últimos años si no tuviésemos las instituciones públicas con la evolución, fortaleza, capacidad, eficiencia y con la eficacia que han demostrado en los últimos años”, expresó.
"Muchas de las políticas que se diseñan a nivel de Gobierno tienen en quienes llevan adelante esas empresas públicas, cada una con su autonomía y con sus capacidades propias, un enorme compromiso", agregó.
Cánepa resaltó que no es la primera vez que la Junta Nacional de Drogas trabaja con estas instituciones, sino que este acuerdo demuestra una evolución cualitativa en la labor coordinada. En este contexto, subrayó especialmente la necesidad de "poner en la agenda" la problemática del consumo de alcohol que, si bien consideró, no es la única droga, es la más consumida en Uruguay y ha generado cambios muy fuertes en las pautas culturales en el país.
“Este Gobierno está convencido de que todas las sustancias que dañan la salud deben tener una regulación estricta que nos garantice que el impacto negativo que tiene cada droga —porque no hay drogas buenas— se reduce y generamos mejores políticas para disminuir esos daños que se originan en la sociedad. En ese camino, todas las decisiones que toma el Gobierno pasan por entender que la regulación estricta es el camino que nos generará mejores resultados”, enfatizó.
Programas de atención
Todos los jerarcas de las empresas públicas destacaron los programas de prevención y atención que han instrumentado para atender la salud y calidad de vida de los funcionarios en general. Entre otras medidas, se resaltó la concreción de talleres para disminuir el consumo de tabaco y de alcohol en los trabajadores y también la extensión de muchos programas a las familias.
El secretario general de la JND, Julio Calzada, valoró que este convenio “es un mojón” en el trabajo que se realiza con varias de las empresas públicas, tanto en ámbitos que tienen relación con inserción social de usuarios problemáticos de drogas como en los aspectos relacionados con la responsabilidad hacia dentro de las empresas. “También estamos trabajando en lo que tiene que ver con la promoción de eventos de carácter deportivo y cultural, y acordamos una serie de criterios comunes para manejar las esponsorizaciones en base a los lineamientos de la Junta Nacional de Drogas en relación al tema del uso de alcohol”, sostuvo.
Interinstitucionalidad de las políticas públicas
El acuerdo suscrito el martes 6 de julio tiene como objetivo establecer compromisos mutuos para la planificación de futuras acciones con el fin de desarrollar políticas que contribuyan a la regulación y control adecuado del uso de drogas legales e ilegales desde la perspectiva de la salud pública y los derechos humanos.
En entre otros aspectos, impulsará la inserción social, cultural, educativa y laboral de los usuarios problemáticos de drogas en las respectivas empresas; promoverá eventos sociales, culturales y deportivos en el marco de una propuesta de responsabilidad social empresarial y articular iniciativas de promoción de salud, prevención y tratamiento del uso problemático en el ámbito laboral de las empresas del Estado.
El acuerdo establece que las partes elaborarán conjuntamente las resoluciones complementarias, a los efectos de implementar actividades, programas y proyectos que se hayan establecido en el marco de este convenio y, en cada caso, fijar los objetivos, la forma y las pautas para su ejecución, plazos, presupuesto, aportes de cada institución y demás aspectos relativos a la puesta en práctica de las actividades concordadas.