Drogas: JND e instituto alemán Max Planck firmaron convenio de cooperación
La Junta Nacional de Drogas y el Max Planck Institute for International Criminal Law (MPI) de Alemania firmaron este viernes un convenio marco para promover el intercambio y la cooperación entre ambos organismos en materia de combate a las drogas. Tras la firma, el experto alemán Hans Albrecht valoró el paso dado por Uruguay en el cambio de política de combate al mercado ilegal del cannabis.
El acuerdo fue suscrito por el secretario general de la Junta Nacionalde Drogas, Julio Calzada, y el director del MPI, Hans-Jörg Albrecht, quien se encuentra en nuestro país participando del seminario internacional “Desafíos de la innovación en materia de política de drogas; la Ley de regulación y control del mercado de la marihuana en Uruguay”.
Estuvo presente el subsecretario de Desarrollo Social, Lauro Meléndez, y el embajador de Alemania en nuestro país, Heins Peter.
El MPI forma parte de la Max Planck Society; se trata de una institución no gubernamental que está integrada por dos departamentos: Departamento de Derecho Penal dirigido por el profesor Ulrich Sieber y Departamento de Criminología dirigido precisamente por el profesor Hans-Jörg Albrecht.
La estructura del Departamento de Criminología está dividida en secciones según países y temas. Los proyectos son llevados a cabo por miembros del instituto en forma individual o por una o más secciones o por todo el departamento. Ofrece capacitación y asesoría para el fortalecimiento de la gestión pública y la administración.
En este contexto, el acuerdo suscrito este viernes establece que ambas partes diseñarán e instrumentarán de mutuo acuerdo las formas concretas o actividades específicas de colaboración, las que incluirán: información (intercambio de información relativa a cursos, conferencias, seminarios y demás actividades de naturaleza académica y científica ofrecida por ambas instituciones); capacitación (participación en programas de capacitación, cursos, seminarios, congresos, foros, talleres y reuniones académicas en aquellas temáticas que sean consideradas de interés común); investigación (estudio, desarrollo e implementación de programas de investigación referidos a temáticas que sean consideradas de interés común); asesoría (cooperación y asistencia técnica recíproca en áreas de interés común); publicaciones (intercambio de publicaciones e información científica y técnica).
Desarrollo de políticas
Al término del acuerdo, firmado en la sede de Cefir, el secretario general de la JND, Julio Calzada, resaltó la importancia de este acuerdo que ayudará a seguir avanzando en la nueva política emprendida por Uruguay, cuyas acciones ya se están monitoreando.
Calzada hizo alusión a los tres grandes ejes en que se ha trabajado: la superación de las incongruencias jurídicas entre la habilitación del consumo de marihuana y la inhabilitación para conseguir legalmente las sustancias que se consumen; el mejoramiento de la calidad de la salud pública y el logro de una clara disminución de los mercados ilícitos de drogas.
“A partir de esta ley vamos a tener herramientas sociales, económicas y políticas para poder desarticular el mercado ilegal”, recalcó.
Por su parte, el profesor Hans Albrecht hizo un breve repaso de las medidas prohibicionistas que marcaron la política europea en la temática de dogas en la década del sesenta, cuando se estableció una convención única en la materia.
Desde entonces, sostuvo, varios países europeos han modificado sus modelos para controlar el mercado del cannabis. “Uruguay dio un paso más adelante, como los estados de Washington y Colorado en Estados Unidos, y creo que serán más los estados norteamericanos que seguirán el mismo camino en dos o tres años”, recalcó el experto.
Para Albrecht es necesario reconsiderar estas políticas de drogas que están teniendo impulso en Europa. A su juicio, hay interés en desarrollar modelos de control del cannabis que sean “menos caros” en impacto social y económico y también en su repercusión en el sistema carcelario.
El experto alemán reconoció que la convención única es “un poco estricta” y no deja mucho espacio para innovar. “Necesitamos espacio para innovar, para avanzar y mejorar esas políticas”, añadió, asegurando que su institución intentará desarrollar con las autoridades uruguayas un plan de evaluación que demuestre de una forma clara cuáles son los resultados de esta nueva política que combate otra, que claramente ha fracasado.
“No hay duda de que las políticas implementadas en los últimos 50 años han fracaso. Y esto es un punto de partida, recurriendo menos a la represión y al derecho penal”, consignó.