Ediles de todo el país recibirán capacitación en gestión pública
Con el fin de promover una labor pública eficiente y transparente a través de herramientas técnicas y espacios de intercambio, la OPP y la ONSC, junto a otras reparticiones del Ejecutivo, realizarán un ciclo de capacitación para ediles de las 19 juntas departamentales. El director de OPP, Rodrigo Arim, afirmó que el bienestar de la ciudadanía requiere coordinación entre los niveles de gobierno y destacó el rol de las juntas en la ejecución de políticas públicas.
La capacitación a los legisladores del nivel departamental de gobierno se desarrollará en seis regiones entre mayo y agosto.
Constará de dos etapas, la primera consistirá en talleres presenciales en los que se abordarán temas planteados como prioritarios por el Congreso Nacional de Ediles (CNE) y se intercambiará sobre los desafíos que enfrentan estos organismos.
En una segunda etapa se profundizará en temas específicos y relevantes, a iniciativa de los participantes. Entre los principales asuntos por desarrollar, se encuentran áreas como gestión presupuestal y financiera, contratación pública, gestión humana y marcos normativos.
Capacitación a ediles como modo de fortalecer la calidad de la democracia
En el lanzamiento, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim subrayó que el bienestar de la ciudadanía requiere coordinación entre los niveles de gobierno y destacó la capacitación como instrumento para fortalecer el rol de las juntas departamentales en el control de las políticas públicas.
El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Sergio Pérez, por su parte, afirmó que la instancia es una señal de coordinación entre instituciones nacionales y gobiernos departamentales. Añadió: “Fortalecer el rol de los ediles es fortalecer el funcionamiento de las juntas departamentales y, en definitiva, la calidad de nuestra democracia en el territorio”.
La iniciativa surgió a solicitud del congreso a la OPP, y fue implementada conjuntamente con la ONSC, la Cámara de Representantes, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) a partir de un acuerdo interinstitucional orientado a la mejora de gestión pública departamental.