Ejecutivo presentó decreto reglamentario sobre cupos para la comunidad afrodescendiente
El Gobierno presentó el decreto que reglamenta la Ley 19.122, que contiene acciones afirmativas para mejorar la participación de las comunidades afrodescendientes en el mundo del trabajo y el estudio. Las autoridades destacaron el momento histórico y las decisiones políticas en las que se instalaron las acciones afirmativas de este tipo en el país, como el cupo para afrodescendientes en los concursos laborales del Estado.
Según la Ley 19.122, los organismos públicos están obligados a disponer de un 8 % de los cupos de trabajo a este colectivo. En tal sentido, la Oficina Nacional de Servicio Civil quedará encargada de efectivizar el cumplimiento de la normativa. Por su parte, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) abrirá un cupo no inferior al 8 % en cursos de capacitación.
El Ministerio de Educación y Cultura asignará un 30 % de las becas Carlos Quijano para estudios de postgrado en el exterior del país. Estas obligaciones tienen quince años de vigencia. Además, al cierre de cada año se deberá presentar un documento que resuma los logros obtenidos en materia de integración social con la comunidad afrodescendiente.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Bayardi, destacó el valor de ambas normativas, tanto la ley como este decreto reglamentario. Subrayó la importancia del papel proactivo de la sociedad civil para que lo plasmado en la ley se cumpla efectivamente.
También destacó la relevancia del momento histórico para la viabilidad política de la lucha contra el racismo y puso como ejemplo la revolución en Haití, ocurrida en 1810, que fue la primera revolución latinoamericana y la segunda en el mundo, pero no triunfó. “Hay que tener siempre presente la voluntad política para seguir avanzando”, dijo Bayardi. Concluyó que en Uruguay se consagraron una enorme cantidad de derechos, pero faltan muchos más para efectivizar.
Para el ministro de Desarrollo social, Daniel Olesker, la implementación de esta normativa tiene que ser el comienzo de un proceso para extender este mecanismo al conjunto del mercado laboral, incluido el sector privado. Agregó que el programa del MIDES “Uruguay Trabaja” incorporó el cupo, así como otros planes de la cartera.
Concluyó que tener políticas que compensen el impulso natural del mercado, como por ejemplo expulsar colectivos del mercado laboral, es una acción ética. La discriminación expresa las relaciones de poder en una sociedad, explicó Olesker. “Toda nuestras acciones tienen que estar ligadas a generar mecanismos de obligatoriedad institucional que garanticen amortiguar esas desigualdades. Creemos en los mecanismos de amortiguación, creemos que es posible desde el Estado reducir esas brechas para salvaguardar los intereses de los más débiles”, finalizó el ministro.
Por su parte, el subsecretario de Educación y Cultura, Óscar Gómez, dijo que este decreto forma parte de un proceso histórico. Consideró que la estructura económica y social fundamentó su pujanza en las relaciones amo-esclavo. Indicó que cuando se rompe la etapa colonial, las mismas clases que acumularon su riqueza bajo la esclavitud son las que administran el Estado, situación que se reflejó en asimetrías encubiertas.
Gómez consideró que cuando las fuerzas sociales de cambio se enfrentan a las capas que administraron las fuerzas públicas desde la época de la esclavitud, como hoy, es necesario profundizar los cambios con este tipo de acciones afirmativas. También mencionó la implementación de módulos de DDHH en el Centro de Estudios Judiciales.