Estudio de CEPAL estima que gasto público social en educación para los jóvenes fue de 46 %
Alrededor de 46 % del gasto público social en adolescencia y juventud entre 2010 y 2013 se concentró en educación, según la publicación Estimación del Gasto Público Social en Adolescencia y Juventud para Uruguay, que realizó la CEPAL en coordinación con el Instituto Nacional de la Juventud y la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del MIDES. La investigación se presentó en la jornada en Torre Ejecutiva.
En la presentación, las consultoras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Victoria Tenembaum y Maira Colacce, sostuvieron que durante los cuatro años analizados aumentó el gasto público social general.
En 2010 el gasto público social era de un 23 % del producto interno bruto (PIB) y en 2013 se elevó a un 27 %. Según el informe, el gasto público social en juventud se vio favorecido por el crecimiento del PIB y por el volumen destinado al gasto público social, pero se mantuvo estable en el período, representando el 15 % de este y el 5 % del PIB.
El estudio evidencia que el monto más importante del gasto público social en juventud es destinado a la educación, con un 46 %, cifra que incluye el gasto en enseñanza media y terciaria.
El 85 % de quienes cursan educación secundaria concurren a centros educativos públicos y casi el 80 % de los universitarios asisten a la Universidad de la República (UdelaR).
Una de las conclusiones del estudio indica que en términos de la intención del gasto, los jóvenes uruguayos son destinatarios principalmente del gasto en educación, que representa el 99 % del gasto específico de esta población. Esto implica que aquellos jóvenes que se desvinculan del sistema educativo quedan desvinculados también de los servicios que el Estado destina directamente a ellos.
El gasto en salud es el segundo más importante. con un 27 %, del que se benefician la mayoría de los ciudadanos y si bien existe algún programa específico para jóvenes, la incidencia de estas iniciativas es poco significativa en términos de presupuesto. En este ítem se engloban los aportes de trabajadores, empleadores y del Estado al Fondo Nacional de Salud y lo que cubre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
Según la publicación, en cuanto a la asistencia social, a pesar de que hubo esfuerzos en los últimos años por aumentar la oferta de programas para la población joven en situación de vulnerabilidad (como aquellos que no estudian ni trabajan), la importancia de estos programas en términos de recursos continúa siendo escasa.
El informe constata que las mayores proporciones del gasto público social están puestas en los sectores de la niñez, la adolescencia y los adultos mayores ya que solamente el 22 % de la población es joven y recibe el 15 % del gasto público.
La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, coincidieron en señalar la importancia de que se realicen estudios profesionales para saber de qué forma trata la sociedad a sus integrantes en un contexto de desarrollo social.
Además subrayaron que es importante la evaluación de las políticas sociales aplicadas, con la finalidad de contar con más datos que ayuden a proponer mejoras y de esta manera tener una mejor calidad en el gasto en términos de protección social.
Al finalizar el evento, el director del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Santiago Soto, dijo que es positivo contar con datos sobre la historia del gasto público en juventud, verificar que se registró un aumento del mismo en educación y salud; y abogó por el desarrollo de más políticas de Estado que tengan presentes a esta franja etárea de la población.
El estudio sobre gasto público social en adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años se realizó en Colombia, México, Uruguay y El Salvador. En el caso de Uruguay la investigación fue realizada por CEPAL Montevideo y contó con el apoyo técnico y el financiamiento del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), en coordinación con el INJU y la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del Mides.