Estudio epidemiológico de la población privada de libertad destacado por la OPS
“No encontramos en América Latina nada parecido a este estudio”, destacó Eduardo Levcovitz, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para Uruguay, en referencia a la investigación denominada Salud y Enfermedad en Condiciones de Privación de Libertad. Este estudio se realizó en el marco del Programa Justicia e Inclusión encarado por el Gobierno de Uruguay en cooperación con la Unión Europea (UE).
Las dos características fundamentales del estudio presentado este martes en un hotel céntrico de Montevideo fueron de género y generación para elaborar productos concretos con el fin de informar a las autoridades la situación de las personas privadas de libertad y así planificar políticas concretas que impacten en sus condiciones de vida.
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en 37 centros penitenciarios para conocer a fondo problemas prioritarios de salud y antecedentes personales de patologías, como sífilis, VIH/sida, tuberculosis, diabetes e hipertensión arterial, así como de consumo de sustancias psicoactivas, intentos de autoeliminación y factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles.
En ese marco, se definió que esta población es predominante masculina, que llega a 94 % del total, y con un promedio de edad de 31 años.
El trabajo tuvo un alcance nacional, en un universo de 10.159 personas privadas de libertad, y una muestra aleatoria de 832 personas, con entrevistas realizadas por 21 funcionarios de la salud, entre médicos y enfermeros, que trabajan habitualmente en centros cancelarios.
Esta actividad, que insumió 18 meses, fue parte del Programa Justicia e Inclusión, un proyecto de cooperación entre el Gobierno de Tabaré Vázquez y la Unión Europea, que promueve la mejora del sistema de justicia penal en Uruguay, en coordinación con diversas áreas del Estado para la reforma administrativa y fortalecimiento de capacidades.
Levcovitz subrayó en la presentación que esta investigación de Uruguay es inédita, pues “no encontramos en América Latina nada parecido hasta ahora”.
A partir de este conocimiento se derivarán ocho protocolos para el tratamiento de enfermedades prevalentes, como la tuberculosis, salud sexual y reproductiva, salud mental y bucal, males crónicos no transmisibles, tanto para adolescentes como para adultos por separado.
Para este cometido, la OPS fue convocada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para brindar cooperación técnica para la gestión del “Proyecto de apoyo a la reforma del sistema de justicia penal y a la mejora de las condiciones de vida y de reinserción socio-económica de las personas privadas de libertad- sector de intervención salud en centros de privación de libertad”.
Entre los objetivos del proyecto se establece apoyar el respeto y cumplimiento de los derechos humanos en los centros de privación de libertad de Uruguay, con especial atención en los temas de salud y educación, promoviendo la reinserción social y profesional de los internos, con énfasis en mujeres presas con hijos a cargo.
El coordinador general de la OPP, Pablo Álvarez, destacó que en el proceso de cambios que se implementa en el sistema penitenciario en Uruguay se destaca la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación y del Instituto de Inclusión Social Adolescente.
Añadió que del total de los recursos dispuestos para este proyecto ya se lleva destinado 32 % para las tareas de educación, trabajo y reinserción social.
Álvarez subrayó que este estudio epidemiológico se enfocó a abordar el fenómeno en su complejidad sin dejar ningún actor afuera y no perder de vista el principal objetivo que son las personas privadas de libertad y el contexto institucional en cuales esas personas están alojadas.