Fondos de Bienes Decomisados administra y gestiona lo incautado al narcotráfico
Los ingresos por concepto de dinero decomisado, multas por ingresar al país con más de 10.000 dólares sin declararlos y lo generado por los remates de bienes totalizaron más de 2,6 millones de dólares y 27 millones de pesos desde 2010 hasta octubre de este año, informó la Junta Nacional de Drogas (JND) en la conmemoración de los 10 años del Fondo de Bienes Decomisados al Narcotráfico.
El Fondo fue creado en el año 2006 a través de la Ley 18.046 en su artículo 125 y posteriormente reglamentado mediante el decreto 339/010. Esta herramienta permitió que los 23 remates efectuados recauden un millón de dólares y 63,4 millones de pesos. Sólo en 2015 se adjudicaron 671.077 dólares y 36,8 millones de pesos en los diferentes programas de prevención, tratamiento, rehabilitación e inserción social de las personas que padecen uso problemático de sustancias, en todo el país.
El subsecretario de Interior, Jorge Vázquez, destacó que este Fondo fue una señal “muy buena” de Uruguay hacia el mundo de la responsabilidad con que enfrentaría este tipo de delito. “Los años han demostrado que la experiencia fue buena y los resultados también”, concluyó.
El jerarca señaló que se debe ser más eficiente en el mundo financiero porque “la ganancia que deja es tan enorme que cada vez pueden comprar cargamentos más importantes, corromper a más organizaciones” donde “no debe olvidarse que el crimen organizado funciona sobre los rieles de la corrupción”.
Además, marcó la necesidad por mayor eficiencia “para que estas organizaciones no se puedan reproducir”, dijo Vázquez. Agregó que se han incorporado algunas medidas como incrementar las listas de delitos precedentes del lavado de dinero y además está en análisis la creación de una comisión que estará en la órbita del Ministerio de Interior junto a otras organizaciones que buscará los bienes patrimoniales que puedan tener estas estructuras delictivas, buscar sus fuentes de financiación.
Por su parte, el fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Jorge Díaz, apostó por avanzar hacia una Ley de Extinción del Dominio, como en Colombia, donde todo bien que tenga origen ilícito, ya no simplemente delictivo, y que su propietario no pueda justificar debidamente, esos bienes sean incautados y decomisados a favor del Estado.
Si bien ese es resorte parlamentario, “en cualquier caso la política siempre es la misma, tratar de privar a los delincuentes de sus bienes y destinarlos a reparar el daño social que las actividades delictivas causan”, sentenció el Fiscal de Corte.