Gobierno analiza norma habilitante para determinar aumento de judiciales
El secretario de Presidencia, Homero Guerrero, se refirió al diferendo que mantiene el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial sobre el aumento salarial retroactivo para magistrados, defensores y funcionarios de dicha institución. “La voluntad del Poder Ejecutivo es cumplir con las normas pero entendemos que hay que diagramar una norma habilitante que nos permita cumplir con eso”, explicó.
El Presidente de la República, José Mujica, se reunió con los ministros de la Suprema Corte de Justicia para analizar el reclamo de los funcionarios judiciales referido a un aumento salarial retroactivo al año 2010.
Luego del evento, el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, señaló en declaraciones a la prensa que el diferendo nace con el Artículo 64 de la Ley de Presupuesto del año 2010 que equiparó el sueldo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia al sueldo de un senador y de ahí para abajo.
“En ese momento la Suprema Corte de Justicia entendió que, en función del Artículo 85 de la ley de organización de los tribunales, los magistrados de la República estaban enganchados a los ministros. Por eso dispuso el pago a todos los magistrados y defensores de ese aumento”, detalló. Asimismo, puntualizó que hay otras normativas que hacen que los funcionarios de fiscalía y de registro también se vieran beneficiados por ese enganche.
El secretario de Presidencia especificó que a los tres o cuatro meses de comenzar a regir el aumento el Poder Ejecutivo envió una ley interpretativa especificando que ese enganche iba solo para los ministros de Estado; distintos colectivos recurrieron esa norma por inconstitucionalidad y en tal sentido, la Corte la declaró inconstitucional. Posteriormente el Parlamento modificó el Artículo 64 por el Parlamento, modificación que también resultó declarada inconstitucional.
Sobre el encuentro del Presidente Mujica con los magistrados, Guerrero precisó: “Llamamos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia no para que ellos resolvieran el problema de otros colectivos, sino para conversar. Entendemos que no se trata de que cobre vigencia el Artículo 64 y se pague un aumento generalizado para todo el que reclama. Entendemos que para esto hay que organizarse financieramente y ver el dinero que saldría”.
Guerrero señaló que hay que determinar cuánto sería el aumento que corresponde a cada uno de los colectivos. “La voluntad del Poder Ejecutivo es cumplir con las normas pero entendemos que hay que diagramar una norma habilitante que nos permita cumplir con eso”. Estimó que la solución implicará una asignación presupuestal de 60 millones de dólares anuales.
Precisó que el grupo de colectivos que están reclamando son muy heterogéneos y presentan distintas situaciones jurídicas. Tenemos que tratar de consensuar una norma habilitante que permita llegar a una salida en las que todos estemos conformes. “Los ministros de la Corte son las personas jurídicamente más habilitadas para analizar las características de la norma”.