Gobierno concreta obras de electrificación rural con subsidio de OPP de US$ 1.370.000
La comisión interinstitucional del Programa de Electrificación Rural tiene actualmente ocho proyectos aprobados que suponen una inversión superior a US$ 3.000.000 y un subsidio de US$ 1.370.000 por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Estos ocho proyectos involucran a más de 450 familias que tendrán energía eléctrica tras la concreción de las obras cuyos contratos comienzan a firmarse este viernes en Rivera.
En diálogo con la Secretaría de Comunicación, el coordinador del área de Políticas Territoriales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Marcos Otheguy, y Marcelo Machado, coordinador por OPP de la comisión interinstitucional, hicieron un repaso de las principales líneas de trabajo que ha desarrollado dicha comisión a partir de la firma del acuerdo en octubre pasado.
Hasta el momento, hay aprobados ocho proyectos, a saber: dos en Rivera (escuela rural 34 en Cruz de San Pedro y Laureles al Medio); uno en Artigas en Ruta 4; otro en la frontera entre Rocha y Maldonado (Ruta 109); otro en Cerro Largo (Cañas y Cañitas); Lavalleja (escuela 61, Cerro Pelado); Canelones (Paso Arbelo); Tacuarembó (Paso Sempre).
Estos ocho proyectos representan una inversión superior a los US$ 3 millones, que tendrán un subsidio por parte de OPP del entorno de US$ 1.370.000. En muchos casos también se cuenta con el aporte de las intendencias locales que se suman al proyecto para viabilizarlo.
Políticas de desarrollo
Otheguy recordó que el Área de Políticas Territoriales de la OPPsurge con la actual Administración con el fin de incluir en una misma área un conjunto de programas que impactaban a nivel territorial que ya existían a nivel de Presidencia, como forma de tener una planificación adecuada en base a la línea estratégica que el Gobierno planteó en términos de desarrollo y descentralización.
Estos siete programas a los que hizo referencia el jerarca, impactan básicamente en cuatro grandes ejes de trabajo: infraestructura, área productiva, fortalecimiento de capacidad institucional e inclusión social.
Es precisamente en el área de infraestructura para el desarrollo que la electrificación rural surge como un componente estratégico. “La electrificación es una limitante importante para el establecimiento de ciertas cadenas productivas como la arrocera, que demandan grandes cargas eléctricas para su producción, pero también para la vida y la continuidad de un proyecto sustentable de vida en el medio rural”, subrayó Otheguy.
Este programa comenzó estableciendo tres grandes convenios: uno con la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), otro con Mevir y un último con el Instituto Nacional de Colonización.
“Estos convenios están permitiendo, junto con laUTE y estas organizaciones asociadas, realizar las obras de infraestructura más importantes y avanzar en el soporte de la red eléctrica para estar en condiciones de conectar a la población dispersa”, agregó.
El jerarca destacó que unas siete mil familias componen la demanda insatisfecha y que el Gobierno, en la medida que se comiencen a hacer las asociaciones locales y se presenten proyectos, estará en condiciones de dar respuesta.
Subsidio de OPP
Machado por su parte destacó que, a partir del último convenio firmado en octubre pasado, se enfatizó en atender la demanda insatisfecha familiar más que la productiva. “Este último convenio apunta a darle electricidad a las familias con potencias que no superarán los 10 kilovatios; grupos que no tienen capacidad de ahorro, pero sí tienen cierta capacidad de pago”, añadió.
El jerarca consignó que, en este último convenio, la OPP decidió otorgar un subsidio global a efectos de tornar viables los proyectos. Se realizó una gira por el interior del país y se elaboró un reglamento que recogió las problemáticas encontradas para hacer posible la conformación de los grupos de interés y los contratos.
“Observamos que más allá de todos los beneficios que daba el Gobierno, ha subido mucho el costo del kilómetro de electrificación rural y a la gente le era inaccesible cubrirlos”, subrayó Machado recalcando que el costo promedio de electrificación rural puede alcanzar hasta US$ 7 mil el kilómetro.
Es en ese contexto que la OPP decidió subsidiar en un eje de un 40 % los proyectos, de acuerdo a las condiciones socio políticas de cada lugar y la situación económica del grupo.
“El Estado está poniendo mucho dinero. Ahora es UTE quien hace el anteproyecto que antes pagaban los vecinos y les da la garantía de que van a pagar después de finalizada la obra”, subrayó el funcionario. A este soporte del Estado se suma un fideicomiso que permite financiar hasta en 60 % el monto que cada persona paga.
La comisión interinstitucional está formada por OPP, ministerios de Industria, Energía y Minería, Agricultura y Pesca, Desarrollo Social, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Instituto Nacional de Colonización, Mevir, Antely UTE.