Gobierno garantiza acceso a educación formal para las personas privadas de libertad
El Programa de Justicia en Inclusión Social de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto propone una estrategia de educación en contextos de encierro que incorpore cursos formales e informales. El objetivo es garantizar este derecho a la población adulta y adolescentes en conflicto con la ley penal. “Debemos coordinar una política nacional para todas las personas”, aseguró el director del INR, Luis Mendoza
Con la presencia del director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, y el director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Eduardo Katz, se realizó el lanzamiento de la jornada “Diálogo hacia una estrategia nacional de educación para personas en conflicto con la ley penal”. También participaron el director del Centro de Formación de la Cooperación Española —institución sede de la presentación—, Manuel de la Iglesia; la coordinadora del Programa de Justicia e Inclusión, Ana Juanche; y Richard Ferreira, asistente técnico del Ministerio de Educación y Cultura.
El director Mendoza recordó que como consecuencia de la transversalidad de las políticas públicas, "el Instituto Nacional de Rehabilitación está inserto en el Programa Nacional de Educación”. "En todos los centros de reclusión del país se dictan clases de educación primaria, secundaria y UTU". “Nuestro objetivo es lograr que el pasaje por las cárceles sea los más parecido a la vida real”, puntualizó.
Agregó además que uno de los principales enemigos es el “ocio compulsivo”. "Necesitamos que las personas estudien y adquieran hábitos de trabajo, porque eso facilitará su reinserción en la sociedad", admitió Mendoza.
El funcionario subrayó la necesidad de que el instituto forme parte de la política pública de educación. “No podemos estar aislados del sistema”, reflexionó. “Debemos coordinar una política educativa para las personas privadas de libertad”.
Por su parte, el director del Sirpa, Eduardo Katz, aseguró que esta estrategia permitirá incrementar las herramientas para que los adolescentes privados de libertad accedan a modalidades de educación formal e informal.
"Si bien hoy en día el Sirpa cuenta con una gran variedad de programas educativos, entendemos que es necesario extenderlos para poder llegar a más jóvenes y con una mejor calidad", agregó.
“La educación debe ser el pilar de trabajo en la etapa no solo de privación de libertad sino en la que se encuentran aquellos que están en conflicto con la ley”, reflexionó Katz, en el mismo sentido.
Diálogo hacia una estrategia nacional de educación para personas en conflicto con la ley penal
Es un espacio de intercambio participativo con el objetivo de construir las bases hacia una estrategia nacional que promuevan la gestión y la intervención socioeducativa y laboral, para fortalecer las capacidades individuales y grupales y generar oportunidades de inclusión social para las personas privadas de libertad.
Participan de esta iniciativa el Ministerio de Educación y Cultura, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, la Administración Nacional de Educación Pública y la Organización Internacional del Trabajo.