Gobierno renueva compromiso con aplicación de derechos de personas afrodescendientes
"El lanzamiento del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes es un compromiso institucional del Gobierno y de las organizaciones sociales que luchan por la justicia social y la defensa de los derechos para acceder a una vida digna", afirmó la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi. También se presentaron los avances en la implementación de la Ley 19.122 de acciones afirmativas para afrodescendientes.
Arismendi afirmó que la aprobación del Decenio de las Personas Afrodescendientes (2015-2025) implica promover el involucramiento de actores políticos, sociales, académicos y empresariales en la propuesta, además de aplicar la Ley 19.122 de acuerdo a lo establecido en el Plan de Trabajo y Guía de implementación de acciones afirmativas elaborados por el Ministerio de Desarrollo Social.
La funcionaria ratificó el compromiso del equipo de gobierno con la temática diciendo que se está actuando con el objetivo de buscar potenciar las acciones para lograr complementariedad entre los ministerios de Desarrollo Social; Educación y Cultura; Interior; Relaciones Internacionales; Trabajo y Seguridad y Social; y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Por su parte, el titular de Interior, Eduardo Bonomi, indicó que los valores se han ido transformando en leyes que se deben hacer respetar, evento que tiene una relación directa con el desarrollo cultural de una sociedad, “a pesar de que hay personas que no les gusta las leyes como la 19.122”.
El ministro indicó que uno de los acuerdos que el Ministerio del Interior hizo con la organización no gubernamental Mundo Afro y que se está aplicando es la introducción de la temática de la discriminación en los cursos que se dictan en la Escuela de Policía, tanto para los que están estudiando para oficiales como quienes serán personal subalterno como policías de calle.
Por su parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, recordó que el Presidente de la República, Tabaré Vázquez, dijo en las Naciones Unidas el 29 de setiembre que las políticas aplicadas por parte del gobierno tienen como centro a todos los seres humanos sin excepción ni excusa. Enfatizó que ello es para que: "todos seamos iguales ante la ley y sobre todo ante la vida porque el auténtico progreso no es que unos pocos vayan adelante y la mayoría quede atrás, sino avanzar sin que nadie se rezague".
García dijo que tales conceptos pautan un accionar político que obliga a trabajar sin pausa en la búsqueda de resultados en una sociedad más justa y solidaria.
“Reconocemos que en nuestra sociedad el racismo y la discriminación racial, entre otras situaciones, continúan definiendo y condicionando las posibilidades, sobre todo, de la población afrodescendiente”. En tal sentido, García específico que la declaración del Decenio es una herramienta valiosa porque visualiza una situación que, muchas veces, transcurre de manera callada, cotidiana y no explícita. Agregó que “visualizar la condición de los afrodescendientes nos interpela a nosotros mismos como sociedad”.
García dijo que en Uruguay viven unos 300.000 afrodescendientes por lo cual es una obligación para el país luchar contra el racismo. “Es un poco luchar contra aquella idea de la lotería del nacimiento y que la vida no dependa del lugar, momento, situación socioeconómica, color de la piel, género u opción sexual. Las políticas sociales de los últimos años han ayudado a entender la variedad como riqueza, aunque una parte importante de la sociedad no lo entienda de esta forma”.
El director también expresó que el decenio está enmarcado por la conferencia de Durban o por las recomendaciones de las Naciones Unidas que consideran que Uruguay ha tenido los mayores avances institucionales con respecto a los afrodescendientes en general, situación que compromete a seguir trabajando sin descanso.
Enfatizó que la OPP coordina y lleva adelante una agenda conjunta de políticas para la disminución de la brecha racial, instancia que también se debe aplicar con el objetivo de visualizar las problemáticas raciales en el segundo y tercer nivel de gobierno que integran 112 municipios.
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